25N: Las complicaciones para abordar el feminicidio en grado de tentativa en Yucatán

Iuridae Escalante 

Pese a que es considerado un delito grave a nivel nacional y en la mayoría de los códigos penales de las 32 entidades del país, el feminicidio en grado de tentativa sigue representando un reto para la justicia yucateca debido a los vacíos legales que persisten y a la poca importancia que se le da dentro de las cifras de incidencia delictiva. 

La tentativa de feminicidio es uno de los grados más graves de violencia contra la mujer, pues es la antesala a la consumación del feminicidio, sin embargo, su registro ni siquiera figura en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), instancia que reporta las carpetas de investigación abiertas en procuradurías y fiscalías locales sobre los delitos de alto impacto, por lo que una medición sólo podría conocerse recurriendo a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Además, existe una reclasificación persistente de la tentativa a delitos menores como lesiones, lesiones en razón de género o violencia familiar, invisibilizando así el hecho de que la vida de una mujer estuvo en riesgo por un ataque feminicida. 

“Cuando hablamos de tentativa estamos hablando de que hubo un elemento externo que detuvo la comisión del delito, o sea, existió otra circunstancia que impidió al victimario lograr consumar su acción. Muchas veces las autoridades tanto investigadoras como judiciales se les hace más fácil reclasificar el delito, reclasificarlo a delitos donde elementos objetivos y subjetivos son más fáciles de acreditar... Sin embargo, esto conllevaría a una circunstancia peligrosa: que la investigación no se está siguiendo con perspectiva de género, que no se está llevando a cabo una investigación con una narrativa que sea capaz de evidenciar la violencia sistemática contra la mujer llegando al punto máximo que puede alcanzar la violencia contra la mujer que es la privación de la vida en el feminicidio”, explica René Ramírez, abogado y académico.  

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer consultamos cifras de los últimos cinco años en Yucatán, que revelan que 30 por ciento de las carpetas judicializadas por feminicidio en grado de tentativa han sido reclasificadas. 

De acuerdo con un informe de la Unidad de Estadística de Primera Instancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, de noviembre de 2021 a octubre de 2025 se han judicializado 59 carpetas por el delito de feminicidio en grado de tentativa, de las cuales 18 fueron reclasificadas. Es decir, sólo 41 víctimas continuaron el proceso por este delito. 

Además, de los 41 expedientes que sí fueron clasificados como feminicidio en grado de tentativa en este periodo de tiempo, 19 se encuentran todavía en proceso, 13 concluyeron en un procedimiento abreviado, seis recibieron pena condenatoria durante un juicio oral, uno recibió una sentencia absolutoria en un juicio oral, uno tuvo desistimiento y uno más fue declarado como no vinculación a proceso. 

Uno de los casos que actualmente siguen en proceso por este delito en Yucatán es el de Astrid Sánchez, cuya carpeta fue abierta en abril 2023 y está en espera de una fecha para la apertura del juicio oral. 

Han pasado más de dos años desde que ocurrieron los hechos y en más de una ocasión se ha enfrentado al intento de reclasificación de su caso. 

“De inicio, la jueza que aperturó mi caso determinó que no era tentativa de feminicidio sino lesiones y eso minimizaba el grado de violencia que sufrí, pues a mí no me queda duda que la intención de mi agresor era acabar con mi vida. Me ahorcó una vez, rogué para que me soltara y volvió a sujetarme con fuerza con el cuello diciendo ‘si ya valió madre, si de todas formas me vas a denunciar, mejor termino lo que empecé’, ¿cuál es la culminación de un intento de estrangulamiento? ¿a qué se refiere con ‘termino lo que empecé’? para mí es un claro: voy a acabar con tu vida”, comenta la víctima. 

Posteriormente, tras apelar la decisión de la jueza y ser respaldada por la Primera Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, que determina la vinculación a proceso por feminicidio en grado de tentativa, Astrid se enfrentó a la posibilidad de la reclasificación cuando su agresor se amparó en contra de la vinculación. 

Además, debido a que en la entidad no existe un reglamento a ley que exija la prisión preventiva para este delito, a pesar de ser considerado grave, el señalado ha continuado el proceso penal en su contra en libertad. 

Pasó más de un año para que, a nivel federal, se rechazara el amparo contra la vinculación y continuara el proceso acreditando que sí existe la posibilidad de que el acusado identificado con las siglas E.M.A.L haya cometido el delito señalado. Sin embargo, en la audiencia intermedia el equipo de defensa intentó llegar a un acuerdo para minimizar el delito. 

“Le preguntan a mi abogado cuánto quiero para que se reclasifique a violencia familiar o lesiones en razón de género con el objetivo de que la pena sea menor. De ninguna manera aceptamos, el objetivo siempre ha sido visibilizar este delito porque lo que no se nombra no existe y el feminicidio en grado de tentativa existe y es gravísimo para todas las víctimas, alguien tiene que empezar a ponerlo en el mapa para que se consideren mejorar las políticas públicas en materia de violencia de género”, manifiesta Astrid.  

Para el especialista, el origen de la desestimación del feminicidio en grado de tentativa recae mayormente en la investigación o en la falta de y no tanto en el Poder Judicial. 

“Los datos nos dan que el problema no es tanto en la parte judicial sino en la parte de investigación y podemos advertir falta de sensibilización, ausencia de perspectiva de género, que hay que recordar que incluso nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha señalado que es obligatorio que cuando se conozcan circunstancias que tengan la apariencia de violencia contra la mujer, se investigue bajo esa perspectiva, bajo ese entendimiento que existen diversas dinámicas que ponen una situación de vulnerabilidad extrema a la mujer frente al hombre, frente a las instituciones, también frente a las normativas”, advierte Ramírez. 

Respecto a las seis sentencias condenatorias en los últimos cinco años por este delito, el Consejo de la Judicatura detalla que los periodos de pena de prisión para los responsables fueron de 17 a 12 años, con una excepción que recibió 168 años y 5 meses de condena privativa de la libertad.  

La cantidad por reparación del daño fue de 100 mil pesos a cada víctima. 

Al respecto, Ramírez alerta sobre la urgencia de un trabajo conjunto que visibilice la gravedad de esta problemática para que sea atendida a favor de las víctimas y garantizando el acceso a la justicia y a la no repetición. 

“Que de manera conjunta autoridades ministeriales y judiciales, asociaciones civiles y la sociedad entiendan la relevancia que si se ha cometido un hecho que no es violencia familiar, no son lesiones en razón de género, hay que mencionarlo como es: es un feminicidio en grado de tentativa el que se está enunciando y se está visibilizando la gravedad de la situación”. 

Violencia familiar, en aumento 

Por otro lado, en este mismo periodo de tiempo (de noviembre de 2021 a octubre de 2025), las cifras de violencia familiar en Yucatán han ido en aumento. 

El reporte del SESNSP detalla que los últimos meses del 2021 se registraron 20 carpetas de investigación por este delito; durante todo 2022 fueron 125 expedientes; en 2023 se aperturaron 193 casos; en 2024 la cifra escaló a 301 y en 2025 se han contabilizado hasta el último corte 251 denuncias. 

Es decir, mientras se investigaban 59 carpetas por el delito de feminicidio en grado de tentativa, se presentaron 890 denuncias consideradas como violencia familiar, de las cuales cabe la posibilidad que el delito haya sido más grave y se haya diluido en otras estadísticas. 

“Hacer esto o no tener esta perspectiva de género pudiera conllevar entonces una invisibilidad de la violencia contra la mujer en nuestro país. Esa es una serie de las complejidades que las autoridades ministeriales pudieran encontrar cuando se trata de este delito”, comenta Ramírez.