Avalan diputados Ley de Economía Circular para frenar la cultura de ''usar y tirar'' en México

La legislación obligará a las empresas a hacerse cargo de la contaminación de sus productos
Foto: Cristina Rodríguez

Enrique Méndez y Fernando Camacho

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General de Economía Circular, instrumento que busca romper con el modelo lineal de “extraer, producir y desechar” y obligar a las empresas a hacerse cargo de la contaminación de sus productos.

En una breve discusión, los grupos parlamentarios avalaron el alcance de la ley, que introduce la figura de “responsabilidad extendida del productor” o REP y que la ley define como el “medio por el cual la persona productora o importadora es responsable ambientalmente de su producto en su ciclo de vida”.

En la tribuna, Antonio Lorenzo Castro (Morena) quien presentó la iniciativa junto con el coordinador de su bancada, Ricardo Monreal Ávila el 20 de noviembre, explicó que todos los días en el país se generan 120 mil toneladas al día, de las cuales 12 mil no se recolectan. 

“Quedan dispersas en calles, barrancos, ríos y suelos, la mayoría se entierra quema o se acumula en 2 mil 500 sitios de disposición final, pero la mayoría de estos sitios no son instalaciones modernas, son tiraderos a cielo abierto sin controles adecuados”, abundó.

Refirió que 8 de cada 10 materiales de producción tienen su origen “en materias primas vírgenes y solo se reciclan 9 o 10 por ciento de los residuos, cuando otros países recuperan hasta 90 por ciento”.

Hasta ahora, indicó, el país y sus industrias han operado bajo una lógica de economía lineal dañina, mientras que la economía circular “pone en el centro que se diseñen productos y mercancías para que duren, reparen y extender la vida útil. Esto es, la reducción del desperdicio”. 

Con la ley, abundó, será una política obligada el reúso de materiales y el reciclaje no dependerá de “la buena voluntad ni de programas aislados. La responsabilidad extendida se convierte en el eje de la economía circular. Quien produce, importe y ponga los productos en el mercado asuma la responsabilidad y no se limite solo a la venta”.

La diputada Isi de la Luz (PT) detalló que, entre sus objetivos, la ley busca hacer visible la problemática ambiental, promover cambios sistemáticos que se traduzcan en mejores resultados ecológicos y permitir la implementación del Sistema Nacional de Economía Circular, cuyo propósito es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Además, distribuir competencias, observar la gestión circular e integral de materiales y productos y residuos, con la participación de todos los sectores de la sociedad, para que actúen con responsabilidad ambiental, económica y social.

Se trata, expuso, de “un primer y gran paso para enfrentar y, sobre todo, frenar el cambio climático y trabajamos para lograr la eliminación de envases y embalajes de plástico contaminantes de un solo uso”.

Refirió que posteriormente se buscará la homogenización en acciones, desde la educación ambiental en las escuelas para preparar, encaminar y conjuntar los esfuerzos de los diversos actores.

“También la observancia del cumplimiento de las obligaciones de las grandes industrias, porque deben hacerse responsables del manejo de los residuos y de la reparación del daño ambiental que han causado o que pueden causar. El que contamina tiene que pagar”, resaltó.

En tribuna, el diputado Raúl Bolaños Cacho (PVEM) refirió que cuando él y Monreal Ávila eran senadores en la pasada legislatura, presentaron la misma iniciativa en 2019, el Senado la aprobó en 2021, pero inexplicablemente la Cámara de Diputados la congeló.

Calificó que la ley es “tan trascendental que cambia el paradigma económico del país… actualmente, cuando la industria introduce un producto en el mercado y termina su vida útil, su destino no es más que la basura”.

Con la ley, dijo, se pretende que, cuando un producto termine su vida útil, regrese al círculo económico ya sea través del reciclaje, de la reutilización o reusado.

El proyecto de decreto se envió al Senado para su revisión y eventual ratificación.

Edición: Ana Ordaz


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