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Ángeles Cruz Martinez
05/05/2026 | Ciudad de México
Los obstáculos legales y administrativos persisten en México para las adopciones de niños y adolescentes, quienes por esta razón llegan a permanecer en Centros de Asistencia Social (CAS) hasta su mayoría de edad. En contraste, el interés de las personas por adoptar aumentó casi al doble entre 2022 y 2024, pues las solicitudes pasaron de mil 37 a mil 998. Así lo documentó el Instituto Newman en un informe realizado en colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Entre otros asuntos que dificultan las adopciones, el documento señala la carencia de juzgados especializados y la carga de trabajo.
Para que los niños y adolescentes que, por alguna razón, perdieron a su familia y podrían ser adoptados, se debe resolver su situación jurídica, es decir, establecer legalmente que están solos. Y aun cuando se acredite esta condición, no se logra incorporarlos a un nuevo hogar.
El informe señala que entre 2023 y 2024 se tramitaron 386 juicios de pérdida de patria potestad, pero sólo se concluyeron 95, cuando la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) dispone que estos casos se deben resolver en 90 días hábiles improrrogables.
Además, en el país no hay un criterio homologado para determinar si las personas interesadas en adoptar cumplen con los criterios de idoneidad, entre otros, si realmente quieren ser padres y son sanos física y mentalmente. También deben acreditar que tienen solvencia económica para el mantenimiento de su familia.
En otros casos ha pasado que el rango de edad, sexo y grupo de hermanos no son compatibles con las características solicitadas por la familia.
Por eso, aunque en 2024 había 858 niños y adolescentes susceptibles de adopción, sólo 243 se asignaron a una familia. Con el resto, 615, no fue posible a pesar de que tenían resuelta su situación jurídica.
El informe advierte que las procuradurías de protección de la infancia tienen la facultad para emitir la certificación de situación de abandono o exposición de niños y adolescentes que se encuentren en algún CAS o acogimiento residencial.
Juicio largo y lento
Resalta que de esta manera se puede evitar el juicio de pérdida de patria potestad “que es largo, lento y carente de la perspectiva de infancia”, cualidad que “históricamente ha caracterizado a los juzgados familiares” de México.
No obstante, indica que esta vía permitiría disminuir el tiempo de estancia de los infantes y adolescentes en los CAS.
El Instituto Newman detectó en algunos estados casos de menores de edad que han permanecido en esos lugares hasta 17 años.
El reporte también menciona el incremento de las solicitudes de adopción y evaluación de idoneidad. Entre abril de 2023 y abril de 204, los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección de Niños y Adolescentes recibieron mil 998 solicitudes, casi el doble de las recibidas el año previo cuando fueron mil 37.
Del total de solicitantes, mil 451 familias (72.6 por ciento) obtuvieron el certificado de idoneidad, a pesar de que no existen criterios claros para las evaluaciones ni para la asignación de familias, lo que eventualmente deriva en que se revoque el acogimiento domiciliario preadoptivo.
El principal motivo para que esto ocurra es la no integración/vinculación favorable de niños y adolescentes con las familias certificadas. El informe advierte de que el regreso de los menores al CAS puede tener consecuencias sicológicas.
A partir de esta situación, el Instituto Newman reiteró la necesidad de que el país cuente con una Ley Nacional de Adopciones. De hecho, dijo, un anteproyecto se diseñó en colaboración con Unicef México y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El documento se puso a consideración de las autoridades correspondientes para su revisión, indicó.
Edición: Fernando Sierra
