Los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordaron ayer designar al magistrado Felipe Fuentes Barrera presidente de ese órgano por lo que queda del mes. Con esta medida se restablece la legalidad rota hace una semana, cuando los magistrados Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Janine Otálora e Indalfer Infante destituyeron a José Luis Vargas y nombraron en su lugar a Reyes Mondragón.
La designación reglamentaria de un nuevo titular era un tema urgente, no sólo para poner fin al episodio en que la instancia encargada de velar por la legalidad de los procesos electorales se alejó de toda institucionalidad, sino también para permitir el desahogo de las impugnaciones derivadas de los comicios de junio pasado. Pero está claro que esta fórmula de compromiso es un mero paliativo que no resuelve la crisis de fondo del TEPFJ, la cual tiene que ver en lo inmediato con la parcialidad de la mayor parte de sus integrantes, pero que en un sentido más profundo, alcanza al diseño mismo del tribunal y a los mecanismos de designación de quienes conforman su Sala Superior.
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Que un tribunal especializado del Poder Judicial opere de manera autocrática y al margen de cualquier regulación adultera el funcionamiento de toda esta rama del Estado y pone en entredicho su capacidad y su legitimidad para garantizar el apego a derecho de los procedimientos que constituyen el eje de una democracia representativa. En tanto órgano del Poder Judicial, el TEPJF debería estar sujeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al pleno escrutinio del Consejo de la Judicatura, y no, como sucede ahora, fungir como tribunal de última instancia, una potestad que no se ha otorgado a los tribunales especializados de ningún otro ámbito.
Esa condición de feudo inmune a la regulación institucional y la evaluación ciudadana, coloca al tribunal electoral en una indeseable vulnerabilidad ante influencias políticas y económicas, además de alentar una descomposición que se mantuvo larvada por años y estalló en las condiciones actuales de verdadera competencia electoral entre distintos proyectos de nación. Lejos de usar sus facultades para erigirse en árbitros ecuánimes de los procesos electorales, los personajes que han desfilado por el TEPJF le han cargado un enorme descrédito al validar comicios manifiestamente desaseados y caracterizados por las prácticas ilegales de uno o varios de los contendientes.
Para colmo, la instancia llamada a poner orden en el tribunal electoral, la SCJN no está en mejores condiciones. Más allá del jaloneo político provocado por la propuesta de prorrogar el mandato de Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial, el problema de fondo radica en la tarea de limpiar, democratizar, transparentar y llevar la austeridad a una institucionalidad corrompida, permeada por intereses fácticos y desprestigiada ante la sociedad. Al respecto, la austeridad trasciende del todo lo retórico y se torna un asunto de decoro y credibilidad, pues resulta impresentable ante la ciudadanía que los máximos impartidores de justicia devengan sueldos de 140 veces el salario mínimo vigente, y encima tengan prestaciones injustificables como los gastos ilimitados en alimentación.
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Por lo visto en estas semanas, pero también por las disfunciones exhibidas a lo largo de décadas, debería ser claro para todos los actores políticos que la reforma del Poder Judicial no es un asunto partidista, sino de interés y urgencia nacional. No puede postergarse más la atención al clamor social de dar eficiencia, transparencia y justicia efectiva a órganos de impartición afectados por actitudes legaloides, elitistas, omisas e incluso corruptas.
Al emprender tal reforma, debe ponerse sobre la mesa la posibilidad de que los miembros de la SCJN y el TEJPF sean elegidos por voto universal, como lo son el titular del Poder Ejecutivo y los representantes del Legislativo, a fin de acabar con la opacidad de las negociaciones de pasillo por las que han sido designados hasta ahora. Esta democratización del Poder Judicial debería incluir también un mecanismo de revocación de mandato que disuada a jueces y magistrados de dictar sentencias contrarias al interés general.
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Edición: Ana Ordaz
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