Medios nacionales e internacionales dieron a conocer este fin de semana el caso de Paola Schietekat, mexicana víctima de abuso sexual en Qatar. De víctima pasó a ser condenada a 7 años de prisión y recibir 100 latigazos a menos de que se case con su agresor (La Jornada 19-02-2022), un colombiano (El Universal 19-02-2022). Paola trabajaba en Qatar como parte del comité organizador de la copa mundial de futbol 2022. Logró salir de Qatar, actualmente está en México recibiendo apoyo legal por la SRE.
El 18 de febrero El Universal publica la historia de la indígena mixteca Roxana Ruiz quien fue encarcelada en el penal Neza-Bordo durante 9 meses acusada de “uso excesivo de legítima defensa” por defenderse de una violación. Después de un arduo trabajo legal y del apoyo de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, ahora sigue su proceso en libertad; Roxana considera que por la mala forma en que procedió la justicia se configura una violencia institucional provocada por al sistema de justicia mexicano.
En Quintana Roo, mientras que la atención pública se concentra en los malabares de políticos y registro de candidatos a la gubernatura, también se cuecen habas en materia de derechos de las mujeres. En Facebook se publicó una nota el pasado 16 de febrero, señalando que un académico de origen colombiano, profesor del Ecosur, fue detenido por la policía debido a que trató de matar a una adolescente. La oportuna intervención del propietario de los departamentos donde vivía la muchacha y la llegada de la policía evitaron una tragedia mayor. El académico está a disposición de la autoridad; la nota no habla de intento de feminicidio.
La nota de Facebook fue ampliada en Por Esto el 18 de febrero. El extranjero detenido en Chetumal había sido acusado de violar derechos humanos de estudiantes de su institución. También se sabe que un colectivo de mujeres de dicha institución ha elevado su voz pidiendo a las autoridades internas y externas que no dejen impune los actos reprobables de ese académico. No hace falta un análisis sesudo para notar un patrón de conducta que ha sido permitido, hasta cierto punto, por las autoridades de su institución. ¿Esperan alguna acción mucho más violenta por parte de ese académico para actuar?
En otra institución de educación superior intercultural, donde por cierto se han originado muchísimas quejas ante Derechos Humanos en contra de personal administrativo y académico que no han sido atendidas, también hay un patrón de encubrimiento. Ya hay un caso de medida cautelar en contra de un académico por ejercer violencia en contra de una mujer, pero no hay la seguridad que se necesita para garantizar que la violencia no seguirá.
Si bien los nombres de las víctimas se omiten por el temor a represalias, los casos expuestos solamente son de aquellas mujeres que han tenido el coraje de superar su miedo y se han atrevido a denunciar. Lamentablemente, la gran mayoría de las mujeres victimizadas guarda silencio, especialmente las mujeres pobres y/o indígenas. No sienten que hay las condiciones para recibir una verdadera justicia ni que la violencia disminuya o se extinga. ¿Hay complicidad del sistema judicial o hay malos funcionarios?
Las instituciones educativas deben ser ejemplos de seguridad, de respeto a los derechos, ¿por qué la impunidad en su seno?
Estamos en momento político en Quintana Roo, los políticos deben tomar nota de lo anterior y definirse. O combaten la impunidad y la violencia en general y en particular contra la mujer, o seguimos en la simulación y subdesarrollo.
Es cuanto.
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