García Luna: al fin salen trapos al sol

Se esperaba desde que el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fue arrestado en Estados Unidos: un juicio implicaría develar la cadena de corrupción que benefició tanto a narcotraficantes como a funcionarios en los más altos niveles del gobierno federal y también varios estatales. Es razonable pensar que las menciones a Humberto Moreira y Ney González como gobernadores de Coahuila y Nayarit, respectivamente, así como al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, realizadas este lunes, sean apenas la superficie de un mar muy profundo y fangoso.

Sin embargo, lo que se diga en el juzgado de Nueva York no tendrá más implicaciones en Estados Unidos. La fiscalía está centrada en García Luna y el proceso judicial está acotado a este personaje. Lo que salpique hacia las esferas gubernamentales y empresariales mexicanas es lo de menos.

Esto obliga a las autoridades mexicanas a ganarse la credibilidad tanto ante la ciudadanía como ante la comunidad internacional. De no realizar investigaciones paralelas que confirmen o desacrediten fehacientemente lo revelado hasta el momento por Héctor Villarreal Andrade, ex secretario de Finanzas de Coahuila, y Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit, lo que quedará en el ambiente es la certidumbre de que la impunidad sigue existiendo en México.

Si la tónica del presidente López Obrador se mantiene en esperar a la conclusión del proceso contra García Luna para determinar si iniciará acciones legales contra Moreira, o cualquier otro político o empresario que sea nombrado durante el juicio estamos ante un escenario por demás inconsecuente con el discurso que se ha ofrecido a la ciudadanía como los pilares de la Cuarta Transformación, particularmente no engañar y no traicionar al pueblo.

Porque tal pareciera que las instancias nacionales deben esperar al fallo de la justicia estadunidense para realizar sus propias investigaciones, cuando existen indicios suficientes para proceder a una pesquisa propia dedicada a reunir evidencias, y esto no equivale a actuar por consigna ni a fabricar delitos.

Una investigación seria y exhaustiva difícilmente podrá interpretarse como una venganza política si además está sustentada en un aspecto que se ha venido manejando como parte vital de la estrategia de combate a la delincuencia organizada: el seguimiento a los movimientos financieros de los implicados. La exposición del es secretario de Finanzas de Coahuila reveló que existen pruebas documentales de la corrupción. Es cuestión entonces de que la Fiscalía demuestre su capacidad.

Caso contrario, el discurso de "no somos iguales" resultará una frase más para el folklore político mexicano, junto a otras como "la solución somos todos" o "el gobierno de la renovación moral", en la repisa de las grandes decepciones de nuestra historia.

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Edición: Laura Espejo