Una Corte, dos ministras

Dos mujeres, ambas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran en la mira de la opinión pública. Desde su elección como presidente de ese organismo, Norma Lucía Piña Hernández ha sido por lo menos incómoda para el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Desde el proceso de elección se sabía que no era la candidata favorita de Palacio Nacional.

Este miércoles, López Obrador calificó nuevamente al Poder Judicial como “infectado, plagado de corrupción”, y lo definió como un organismo que se fue construyendo “para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y poder político del país”. ¿El motivo? Las recientes resoluciones que se han dado en juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito a favor del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, o para descongelar las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra, esposa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por diversos cargos relacionados con el crimen organizado.

“Apenas llegó la nueva presidenta y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, destacó López Obrador, como si el Poder Judicial fuese una estructura cuyas decisiones en cuanto a impartición de justicia se dieran de manera vertical y la ministra tuviera que enviar “línea” a los jueces que conocen de determinados casos. Ocurre lo contrario: cuando una decisión deja inconforme a alguna de las partes, recurre a la Suprema Corte para que revise si ésta fue tomada conforme a derecho.

¿Cómo operaba la SCJN bajo la presidencia de Arturo Zaldívar que el Ejecutivo manifiesta ahora que había mayor vigilancia? ¿Significa que López Obrador percibía una mejor impartición de justicia? Por lo pronto, en este momento no se tienen los elementos para realizar una comparación justa.

Mientras, otra ministra, Yasmín Esquivel Mossa, continúa removiendo las aguas y recurre al mismo aparato judicial que el Presidente descalifica, específicamente el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, para tramitar un amparo que impide a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitir una resolución dentro del proceso que inició por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Esto aparte de que otra investigación ha dado a conocer que la ministra presuntamente cometió la misma falta en su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, aunque esta última ha establecido que no retirará el grado académico porque se lo impide su reglamento.

La permanencia de Esquivel Mossa como ministra y que no se apliquen sanciones, en caso de demostrarse ambos plagios, daña ahora a tres instituciones. Implica la permanencia de la corrupción y la impunidad para quien hoy ocupa un alto cargo en el corazón del sistema judicial del país. Incluso puede leerse como un “importa más la lealtad que una trayectoria limpia y de honestidad”.

Cuestionada una por el jefe del Ejecutivo y otra por la opinión pública, ambas mujeres deberán votar, llegado el momento, por la constitucionalidad de las reformas a diversas leyes electorales que constituyen el denominado “Plan B”. Sin duda, la legitimidad del resultado será cuestionable, cualquiera que sea éste.

Una cosa sí es verdad de todo lo que dijo el presidente: “Todos los servidores públicos están sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad de Constitución y las leyes”. Más si se trata de quienes deben servir como contrapeso a los otros dos poderes.

Un verdadero régimen republicano implica que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se vigilen uno al otro, y no que dos de estos poderes se encuentren sometidos a uno de ellos.

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Edición: Estefanía Cardeña