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Foto: Miguel Améndola

La decisión de una persona para alejarse de su residencia y establecerse en un nuevo lugar es multifactorial, y hacerlo es un derecho. Lo mismo puede ser algo muy planeado que un impulso, pero al final es también porque el destino suele ser mucho más atractivo que el lugar que se deja atrás.

Hay algo también en la mente del migrante: la idea de que el punto de llegada concuerda con la que se tiene del paraíso, o por lo menos que habrá múltiples oportunidades para desarrollarse personalmente en un ambiente más amable que aquel de donde se viene. Todo es también cuestión de medios económicos, la mente de quien cambia de residencia en busca de la manera de enviar recursos a los seres queridos o huye de la inseguridad requiere, antes que nada, asegurarse de que hallará el sustento en un lugar donde no experimentará grandes sobresaltos; quienes por el contrario, pueden escoger dónde se establecerán, llegan con uno o varios proyectos bajo el brazo, los cuales suelen tener varias diferencias con los locales. 

El proceso de gentrificación está pasando de lo urbano a lo rural. En Yucatán, fenómenos como la oferta de lotes de inversión “a 10 minutos de la playa” es indicativo de ello. En Quintana Roo, comunidades como Manuel Antonio Ay, Francisco Uh May y Macario Gómez, ejidos localizados al borde de la carretera Valladolid-Tulum, están experimentando un auge que se traduce, por un lado, en incremento poblacional y comercial, pero por otro en crecimiento desordenado y saturación de los servicios públicos.

Estos poblados solían ser, hasta hace pocos años, un punto de escala técnica para los viajeros por carretera; detenerse ahí implicaba un momento para estirar las piernas y hacerse de fruta de temporada, tal vez una planta para el jardín, beber un jugo natural, y continuar el camino. Hoy, la oferta invita a permanecer más tiempo, incluso a pernoctar, lo que implica que servicios como agua, electricidad o conexión a Internet tienen más demanda.

En consecuencia, el precio de la tierra se ha triplicado, pero esto no ahuyenta a los potenciales compradores; al contrario, el perfil de estos es de personas con mayor poder económico, lo cual conduce al desplazamiento de la población original. Hasta ahora, no parece ser el caso, dado que estas comunidades se relacionan también con el turismo nacional y extranjero; cuentan con experiencia para tratar con personas de distintos antecedentes, pero también poseen tradiciones propias de organización. 

 

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¿Cuánto falta para que surjan fricciones entre viejos y nuevos pobladores? Esperemos que mucho, y que las autoridades presten atención al crecimiento que están teniendo comunidades rurales a causa de la nueva infraestructura, como el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto o el Tren Maya. Esta última, se nos advirtió desde un principio, permitiría reorganizar el territorio. En efecto, desde el siglo XIX se sabe que un ferrocarril suele indicar hasta dónde llega la presencia del Estado, pero si éste es incapaz de asignar docentes y garantizar la atención a una primaria que en cinco años duplicó la cifra de población atendida, es que algo se hizo sin calcular riesgos sociales y la obra en general, por más buenas intenciones, terminará abonando a la desigualdad, así como a una mayor presión al medio ambiente.

Independientemente de las diferencias culturales entre recién llegados y pobladores originarios, el deterioro de la calidad de vida termina por afectar a todos por igual y es un factor que une como comunidad. Es momento de escuchar de planes para mitigar el desorden en la transición, que sería hacia un futuro incierto.

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Edición: Ana Ordaz


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