Si en política existen relaciones duraderas, la enemistad entre el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus antecesores, Vicente Fox Quesada, es un ejemplo singular, pues lleva ya más de dos décadas, remontándose a la época en que el panista ocupó la jefatura del Ejecutivo federal y el hoy primer mandatario era jefe de gobierno de la capital del país.
El enfrentamiento tuvo como marco la sucesión presidencial de 2006, y tuvo un pico importante en los meses previos a la oficialización de candidaturas, cuando el Ejecutivo federal promovió el desafuero de López Obrador.
Desde entonces se han dado varias confrontaciones. Desde el “¡cállate, chachalaca!” hasta el plantón en la avenida Reforma de la Ciudad de México en protesta por el resultado de las elecciones de 2006. Fox, por su parte, desde 2018 utiliza sus redes sociales para denostar a López Obrador cada que tiene ocasión para ello.
Este martes dio inicio un nuevo episodio, cuando durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el Presidente reveló que en 2018, cinco días antes de concluir la administración de Enrique Peña Nieto (2012 -2018), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó 63 permisos para comercializar productos derivados de cannabis a empresas vinculadas a la familia de Vicente Fox.
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No deja de ser por lo menos curioso que esta información proviene de “sótanos de la Cofepris” en los que se están “descubriendo cosas”, ya que los expedientes de estos permisos, de acuerdo con la Ley General de Archivos, debieran encontrarse todavía en las áreas administrativas de origen y no en “sótanos”. Al menos en esta mañanera, la dependencia exhibió que tiene muy poco control sobre la documentación que produce.
¿Contar con permisos para comercializar derivados de cannabis amerita presentar una denuncia? Lo es cuando se sospecha que estos fueron otorgados de manera irregular y, al menos por la aparente prisa con que se entregaron, esto es posible.
Queda otra duda sobre los permisos: si se obtuvieron gracias al tráfico de información privilegiada o de influencias. Porque en contraste, quienes pretenden cultivar mariguana para autoconsumo y hacer esto legalmente, más que realizar un trámite, recorren una pista de obstáculos y a su paso encuentran grandes restricciones que sirven para desincentivar todo emprendimiento que implique crear una microempresa que desarrolle derivados de cannabis. En pocas palabras, los permisos en manos de la familia Fox cumplen con la máxima de que los grandes negocios se quedan entre los mismos de siempre.
El ex presidente Fox, por su parte, tiene un historial como promotor de la despenalización de la mariguana para uso lúdico; causa que no promovió mientras fue inquilino de Los Pinos. Mientras, López Obrador ha insistido en que el cannabis es la puerta de entrada al consumo de sustancias más “duras” y peligrosas para la salud, por lo que hasta la fecha no existe una regulación para este uso lúdico a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2021 la inconstitucionalidad de su prohibición.
Sobra decir que los permisos en cuestión no son exclusivamente para uso lúdico de la mariguana, sino para comercializar sus derivados, y aquí la lista es grande: desde ungüentos para el reumatismo y dolores musculares hasta extractos de CBD, o incluso papel; de nueva cuenta, para tener una producción regular de estos derivados se requiere el acceso a una plantación con fines comerciales, algo a lo que el ciudadano común no tiene manera de obtener una autorización.
La respuesta de Vicente Fox es, como acostumbra en Twitter, biliar y breve: basta un texto en el que no emplea minúsculas para llamar “pinocho, nariz larga y mentiroso vonstitudinarioo” [sic] a López Obrador, cuando en la mañanera se habló de que son permisos para empresas ligadas a su familia, no a su persona.
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Queda pendiente entonces que se haga explícito si hay indicios de la entrega irregular de estos 63 permisos como para proceder judicialmente. Mientras, es sólo un episodio más de esta hermosa enemistad.
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