La relación entre autoridades y el comercio lícito de bebidas alcohólicas, en México, tiene una historia por demás tensa. Desde tiempos coloniales fue visible que los pueblos indígenas tenían costumbres muy distintas a las de los españoles en cuanto al consumo, pues los primeros lo asociaban ingerir pulque o balché, por ejemplo, con rituales en los que se debía alcanzar un estado alterado de la consciencia; mientras que los europeos procuraban acompañar los alimentos con una copa de vino. Aparte de que éste es necesario en la misa.
A manera de hipótesis, suponemos que la intención de controlar el consumo y la ingestión de alcohol por parte de la población indígena primero, y después de siervos en fincas y haciendas, y de obreros, llevó a las autoridades a imponer horarios para la venta de cervezas, vinos y licores, así como para impedir su fabricación casera. Sin embargo, la prohibición ha tenido precisamente el efecto contrario: se fomenta la venta clandestina y algunas familias han hecho fortuna a partir de la elaboración de destilados, primero a escondidas y después legalmente.
La prostitución es también un tema espinoso, por decir lo menos, con el cual las autoridades también han tenido una historia de altibajos. Por momentos se ha querido regular y controlar, y en otras épocas se ha pretendido ignorar su existencia. En ambos extremos, su actuación siempre ha sido cuestionada: si regula, es opresora; si permite, deja a cientos de mujeres que la ejercen (y hay que decir que también hombres) a merced de los tratantes de blancas.
Y si bien la combinación entre ambas actividades da pie a los llamados giros negros, no siempre van de la mano, como pareciera indicar la redacción de una nota encontrada en el periódico El Popular, publicada el 9 de febrero de 1922; hace ya 101 años. La noticia aparece en la primera plana del diario, que apenas tenía cuatro páginas. El título deja ver que los cajistas (los que diseñaban las planas antes de que entraran a la imprenta) se tomaban algunas licencias con la ortografía, como usar un apóstrofo para suprimir una vocal, pero seguido de una consonante: “Por despachar fuera de horas señaladas, el regidor d’ policía impuso una fuerte multa a los propietarios de cantinas”.
La nota lleva, entre sus sumarios, otro anuncio: la consignación de “varias meretrices” a la Junta Superior de Sanidad “para los fines consiguientes”.
Así en apariencia, la detención de las prostitutas está relacionada con la multa a las cantinas, pero revisando la noticia se ve que son hechos aparte.
Lo que había ocurrido fue que el regidor Gonzalo Vargas Pino, comisionado de Policía, multó a varios cantineros por vender fuera del horario establecido. El reportero indica que el señor Vargas Pino le puso a la vista la relación y el recibo por las cantidades entregadas a la Tesorería Municipal. Se había multado a Lorenzo Jiménez, Rafael Vera, Arturo Carcaño, Augusto Palma, Francisco Rosado, Felipe Navarrete, los dueños de “El Gallito”, “5 de Mayo”, “La Libertad” y “El Gran Hotel”.
En cuanto a las “meretrices”, el reporte no indica si su detención fue también obra de la Policía Municipal, pero la noticia aplaude la actividad del regidor mencionado. Las mujeres fueron consignadas ante una autoridad estatal, como lo era la H. Junta Superior de Sanidad. No fueron enviadas a la cárcel, sino para ser “reconocidas, y saquen desde luego su correspondiente libreta, evitando con esto el clandestinaje”. Aquí es necesario detenernos un momento para mencionar que el comercio sexual estaba regulado desde 1906 y las mujeres dedicadas a ello llevaban una libreta de control ya que periódicamente debían presentarse ante el médico legal, como medida de prevención de enfermedades.
La nota concluye diciendo “Tiempo era ya que las autoridades evitaran la presencia de tantas ‘mariposas’ en nuestra Plaza Principal, único centro al que no concurren familias honradas, por temor a ser confundidas”, dejando la idea de una Plaza Grande muy degradada después de años de conflicto político y que el gobernador Felipe Carrillo Puerto, que llevaba menos de 10 días de haber asumido el cargo, estaba detrás de estas acciones con el fin de recuperar el espacio público… o de imponerse sobre los cantineros.
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