Ferrosur, la expropiación que no es

La Secretaría de Marina intervino, el fin de semana pasado, en tres tramos ferroviarios concesionados a Ferrosur, una empresa filial de Grupo México, a partir de la publicación del decreto que declara esos mismos tramos como de seguridad nacional. La reacción en los círculos empresariales ha sido dispareja, pues si bien uno de sus principales capitanes -Germán Larrea Mota Velasco -es el mayor afectado, su estilo de dirigir sus negocios, especialmente los mineros, lo ha puesto en el ojo del huracán en varias ocasiones.

El anuncio fue sorpresivo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en dos ocasiones con Germán Larrea durante la semana pasada y únicamente se dio a conocer que existía beneplácito porque Grupo México se encuentra a punto de adquirir Banamex.

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En principio, parecía un freno por parte del presidente al crecimiento que tendría Grupo México; una especie de “te quito aquí porque acá tienes mucho”, y así mantener acotado el poder económico de Larrea. Sin embargo, este lunes, durante su conferencia diaria, López Obrador reveló que el consorcio pretendía un pago de 9 mil 500 millones de pesos por el tramo intervenido, una suma que podría ser equivalente a un tercio de los impuestos que producirá la operación de compraventa del banco mencionado, si es que el el monto de la operación se ubica entre los 6 mil y 8 mil millones de dólares, como ha calculado el New York Times.

¿Es correcta la pretensión de Grupo México en cuanto a obtener una indemnización por una presunta expropiación? No, si se toma en cuenta que lo que está ocupando el gobierno son 120 kilómetros de los mil 500 que el consorcio tiene en concesión, no en propiedad. Puede alegar, y ahí podría tener razón, que se le están cambiando unilateralmente los términos en que podrá operar, y en este caso se altera el principio de certeza jurídica que garantice la inversión que tenga planeada o ejecutándose; pero por lo que se ha dado a conocer hasta ahora, no pueden alegar que no conocían la intención del gobierno federal de controlar estos tres tramos.

En cuanto al valor estratégico de estos 120 kilómetros de vías férreas, la clave está en qué mercancías transitan por ahí y hacia dónde se mueven. La principal carga son los hidrocarburos. El tendido respondió inicialmente para trasladar derivados del petróleo desde Minatitlán y Coatzacoalcos al resto del país. A futuro, formará parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y se enlazará con el Tren Maya; es decir, el sur de Veracruz será el punto donde converja toda clase de carga con destino a Centroamérica, a la península de Yucatán y seguramente hacia el principal puerto del país, que sigue siendo Veracruz.

Ahora bien, la ocupación que ha hecho la Secretaría de Marina debe ser, según el decreto, temporal. Queda pendiente que se fije el término de esta ocupación, pues tampoco debería prolongarse más allá de un plazo razonable. Sin embargo, si el estilo de negociar continúa siendo el de quién da más manotazos sobre la mesa, el escenario para una rescisión de la concesión a Grupo México aparecerá en el horizonte, y entonces las diferencias personales y el estilo de operar negocios de Larrea puede dejar efectos equivalentes a la contaminación del Río Sonora o el abandono de trabajadores enterrados tras el derrumbe de una mina en Pasta de Conchos.

Ahora seguirá el duelo de estrategias, aunque seguramente veremos más aspavientos. Mientras, los equipos de abogados ya se encuentran en el bullpen en espera a ser llamados por el mánager; ya veremos si a cuidar la ventaja o en busca de detener el rally del adversario.

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Edición: Estefanía Cardeña