La ola de calor, que está por cumplir su primera semana, no es un asunto que pueda controlarse desde ningún nivel de gobierno. Es un asunto que incumbe a organismos internacionales y que analizan expertos en el clima. Es la expresión del cambio climático, del calentamiento global, en sus efectos locales.
Lo que sí pueden hacer los gobiernos es establecer políticas de prevención y concientización, junto con el cumplimiento de la legislación en materia ambiental que existe, al igual que la normativa en construcción.
Este jueves se anunció que el mundo superó el umbral de 1.5 grados Celsius, con lo que se llegó a un nivel en el que se alterarían las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, lo que se traduce en el aumento del nivel del mar y la consecuente pérdida de playas. Algo que en apariencia es muy simple o que debe interesarle a los grandes tomadores de decisiones se traduce en cambios en el nivel local. Eventualmente, por ejemplo, la “temporada” veraniega en Yucatán resultará afectada o será imposible acudir a la costa con fines de descanso y esparcimiento.
México, en general, arde en estos días. Desde el 4 de junio, según el conteo de la Secretaría de Salud, han fallecido ocho personas por causas relacionadas con las elevadas temperaturas, que amenazan con prolongarse hasta fin de mes. Deshidratación, golpe de calor y el doloroso caso de una familia en Villahermosa, que al encontrar su domicilio sin electricidad decidió pasar la noche en el automóvil, con el clima encendido, ignorando que al estar en un garaje llenaron el espacio con monóxido de carbono. Mientras, más de 400 personas han sido atendidas en hospitales públicos por síntomas de golpe de calor.
Quienes trabajan en cocinas, talleres metalúrgicos, o incluso al aire libre, corren un alto riesgo a causa del calor. Los llamados para cuidar la hidratación, a no salir al sol en determinadas horas, evitar comer en la calle por la rápida descomposición de los alimentos a causa del calor, pueden resultar insuficientes si no hay medidas de apoyo o si la infraestructura de servicios presenta una falla.
Hablar de infraestructura implica que se revisen los mínimos dignos para una vivienda, y que la que se denomine “de interés social” tenga el espacio suficiente como para que el aire circule y sus residentes puedan habitarla, no vivir en hacinamiento, y que cuenten también con servicios ambientales, con un terreno que les permita sembrar un árbol.
Pero también requieren servicios confiables. No se trata de los que provee el municipio o el gobierno del estado, sino los que tienen que ver con los necesarios para enfrentar un desafío ambiental; llámese huracán u onda de calor.
Desde hace ya más de una década la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabeza la lista de empresas con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y suele cuadruplicar las querellas que sume la que ocupe el segundo lugar. En la península de Yucatán, la paraestatal está rebasada.
Ya en este sexenio se tuvo el episodio de un apagón peninsular que originó “la quema de un pastizal”. En estos días, en Mérida, las protestas que realizan vecinos de varias colonias exhiben la falta de mantenimiento a la red, algo que la paraestatal debiera realizar rutinariamente.
La CFE, para muchos, es el enemigo que se come las ganancias del tendejón de la esquina que necesita refrigeradores, el culpable de que se hayan quemado el televisor o el horno de microondas adquirido a plazos, el inclemente que tiene en la península su tarifa más elevada y no perdona a quien se atrasa un día en pagar su consumo. El manejo que la paraestatal tenga de esta crisis pesará en el ánimo de todos.
Se antoja difícil mantener la cabeza fría. En los días de más calor, una chispa puede resultar en una catástrofe.
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