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Yassir Rodríguez Martínez

En los territorios donde la presencia de la diversidad es un hecho innegable, se vuelve indispensable pensar y actuar de una nueva manera respecto de ella. Digo que de una nueva manera porque durante mucho tiempo la diversidad asumió la etiqueta de problema. Por mencionar algo, ¿cómo olvidar que, durante la segunda mitad del siglo XIX, inicios y gran parte del siglo XX, el Estado construyó toda una ingeniería social para asimilar a los grupos origniarios del territorio a la “nación” mexicana y así solucionar el denominado “problema indígena”? 

Situación histórica que da cuenta de cómo la construcción de la nación mexicana se expresó a través de una serie de prácticas higiénicas, educativas, médicas, alimentarias -por considerar algunas- que buscaban transformar y “mejorar” a los indígenas para asimilarlos a los estándares de una nación moderna y civilizada. Ahora, es importante asumir que la diversidad -y por ende la interculturalidad- no solamente tiene que ver con grupos originarios, sino con una amplia posibilidad de experiencias y sentidos de vida: grupos religiosos, lésbico-gays, poblaciones afromexicanas, migrantes, etcétera.

Si pensamos que las políticas públicas son líneas de acción determinadas por el Estado y consideramos que éste tiende a imponer un orden sobre las poblaciones como entes homogéneos, caracterizados la mayor parte del tiempo en sentido negativo -el pobre, vulnerable, necesitado, etcétera.-, el reconocimiento e incorporación de la diversidad cultural al proceso de formulación de las políticas se vuelve una condición absolutamente necesaria. De tal forma que una de las primeras cosas que habría que superar es la concepción del “otro” en tanto problema; en realidad, la diversidad tendría que ser asumida como oportunidad, posibilidad de generar procesos bottom up -“arriba hacia abajo”-, al mismo tiempo que reconfigurar la relación Estado-sociedad.

 

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Es importante preguntarnos, ¿existen las condiciones para esta nueva relación Estado-sociedad?, ¿los encargados de la toma de decisiones están dispuestos a mirar y tratar al “otro” en sentido horizontal? Si tomamos en consideración lo señalado por Rodolfo García Cuevas en su texto “La importancia de la ética en la interculturalidad y las políticas públicas en México” la añoranza comienza a desvanecerse. Este autor caracteriza a las políticas públicas de nuestro país como procesos verticales, procesos condicionados por partidos políticos o actores políticos que buscan establecer relaciones de carácter clientelar, sin consideración alguna de un proceder ético. Como señala el autor: “Uno de los problemas que se presentan en la aplicación de las políticas públicas, en México, ha sido la carencia de ética; es decir, la falta de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el ser y el deber ser. La ética es necesaria para orientar adecuadamente comportamientos y acciones dentro de un sistema político moderno como el mexicano, pero que se ha sustentado tradicionalmente en el engaño y la simulación, la corrupción y la impunidad” (2017: 24). 

Estamos aproximadamente a un año de que se gesten sendos procesos electorales en nuetro país -Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos y demás-; es momento de preguntarnos: ¿cuántos de estos hombres y mujeres estarán dispuestos a romper con esta “tradición” o inercia de las políticas públicas? ¿Cuántos de ellos y ellas considerarán necesario construir políticas ascendentes y favorecer la escucha e implementación de voces y saberes variados? ¿cuántos y cuántas buscarán favorecer una mayor inclusión a pesar del rampante individualismo que caracteriza a nuestra sociedad?

 

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Quizás es momento de pensar en una educación -re-socialización- intercultural para todos y todas, aunque principalmente para los tomadores de decisiones; éstos deben romper sus actitudes “dogmáticas” hacia los “otros”, es momento de reconocer que no existen los saberes universales y que la colaboración y comunicación entre todos y todas nos puede proporcionar mejores oportunidades de solucionar problemas sentidos y vividos por distintos grupos sociales. Es tiempo de reconstruir el Estado, que las políticas públicas retomen su lugar en la resolución de problemas colectivos/públicos como la contaminación ambiental, la defensa de los territorios, la escasez y precariedad del trabajo y el acceso a la vivienda, por mencionar algunos. Sin duda, la sociedad civil ha resistido, las comunidades de base han hecho su trabajo, ahora le toca a los “hombres y mujeres de estado” mirarse a sí mismos, auto-gobernarse y gobernar para y con los demás.  

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Edición: Fernando Sierra


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