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Foto: La Jornada

Los problemas sociales en Guerrero suelen ser indicadores de grandes crisis políticas de alcance nacional. Lo que en apariencia es una cuestión local termina impactando en todo el país, y esto no es casual.

Desde la guerra de Independencia, el territorio que conforma el actual estado de Guerrero ya era foco irreductible de los insurgentes. Incluso cuando se podía decir que el conflicto se encontraba en su mínima extensión y los realistas controlaban la situación, las montañas del sur mantenían viva la lucha. No se diga durante la guerra de Reforma, cuando la zona fue refugio de las guerrillas liberales.

Guerrero es el ejemplo de estado gobernado por caciques. Desde Juan Álvarez en el siglo XIX hasta Rubén Figueroa padre e hijo, la centuria pasada, y Félix Salgado Macedonio desde finales del milenio hasta hoy. Ejemplo de hombres fuertes, con una sólida base social que pueden obligar al gobierno federal a transigir, a dejar pasar determinadas arbitrariedades, porque pueden ofrecer controlar el territorio y movilizar a sus bases al momento de votar. 

Este fin de semana, las bases sociales de otras fuerzas irrumpieron en Chilpancingo. Alrededor de 5 mil personas, convocadas por Los Ardillos, replegaron a 500 elementos de la Guardia Nacional, se apropiaron de un vehículo táctico blindado con el cual abrieron una de las puertas del palacio de gobierno y aparte privaron de la libertad a 10 policías y tres funcionarios públicos. 

A nadie debe sorprender que los grupos delincuenciales tengan una base social. Hasta la literatura mexicana del siglo XIX da cuenta de ello. Ahí está por ejemplo El Zarco, de Ignacio Altamirano. Lo que debe llamar la atención es la persistencia del fenómeno y que el Estado no haya podido echar a andar una estrategia eficaz para debilitar el apoyo a la delincuencia organizada desde la sociedad civil. Tal vez en esta inacción radica la pervivencia del caciquismo y de mecanismos de control político de la población, que al final termina siendo una carta para negociación cuando se tiene una visión corporativa del Estado.

Las movilizaciones del domingo, según expresó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, tienen su origen en la aprehensión de dos líderes criminales, de los que los manifestantes exigían su liberación, a lo que se han negado las autoridades. Pese a ello, la tarde de este martes fueron liberados los cinco Guardias Nacionales, cinco policías y tres funcionarios, y devueltos el vehículo Rhino y otros bienes de la Secretaría de Seguridad Pública, a cambio de que el próximo año haya presupuesto para obras en las comunidades de origen de los movilizados, según dio a conocer Ludwig Marcial Reinoso, secretario de gobierno de Guerrero.

Chilpancingo es hoy la llamada de atención al gobierno de la Cuarta Transformación. Siendo la entidad que ha recibido más apoyos federales, debe ser también el principal indicador de cuánto se ha avanzado en combate a la pobreza, a la corrupción y a la delincuencia organizada. Sin embargo, es también donde quedó demostrado que la fuerza política de un solo individuo es suficiente para desafiar a las instituciones federales, como en los tiempos del PRI como partido hegemónico.

Debe reconocerse también que el Estado, al menos en lo que respecta al gobierno federal y el estatal, no cayó en la confrontación y optó rápidamente por una negociación. En otros tiempos, los 5 mil manifestantes se habrían encontrado con los fusiles a la altura del rostro y posiblemente estuviéramos hablando de al menos un par de centenas de muertos, otros tantos heridos de bala y una cifra nada precisa de desaparecidos.

La forma de tratar a los manifestantes, muchos obligados por Los Ardillos a protestar. Fueron lanzados a ejercer violencia, sin más fuerza que ser multitud; son los menos culpables de la situación y se consideró abrir una vía de diálogo antes que la represión, eso es una diferencia clave.

Sin embargo, recordemos que de Guerrero han surgido grandes desafíos para el presidencialismo. Las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez para el gobierno de Luis Echeverría; los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, terminaron siendo la pesadilla de Enrique Peña Nieto y una losa sobre todo el aparato de investigación policial y de impartición de justicia que hasta la fecha no ha ofrecido una versión satisfactoria de los hechos; los bloqueos del domingo dicen mucho, y es un mensaje que viene de las montañas, de la pobreza de varios siglos atrás.

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Edición: Estefanía Cardeña


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