Este fin de semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que los aspirantes a la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación pueden realizar asambleas informativas y no están impedidos de hacer recorridos u otro tipo de actos públicos.
La resolución, sin embargo, establece que no debe haber elementos proselitistas, según abundó la dirigencia de Morena, aunque al mismo tiempo manifestó que no comparte este señalamiento.
Difícilmente pueda decirse que las actividades de los aspirantes de Morena a ser coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación dejarán de ser proselitistas, aunque es altamente probable que lo que realice cualquiera de los aspirantes a la coordinación, que se traducirá en la candidatura a la Presidencia de la República, tendrá que pasar por el escrutinio del fuego amigo y el de los medios que no simpatizan con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Será difícil que las actividades de las llamadas corcholatas se realicen exclusiva o preferentemente en oficinas estatales o municipales del partido guinda, por lo que las convocatorias debieran estar restringidas a militantes y simpatizantes de dicho organismo. Sin embargo, el proceso de Morena ya es de interés de la opinión pública nacional, independientemente de lo que haya resuelto el INE.
Por ello no es de extrañar que Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, haya manifestado que continuará con sus recorridos, aunque al mismo tiempo exprese su descontento por no poder presentar propuestas de lo que sería su plan de gobierno. Los demás aspirantes a encabezar el proyecto de defensa de la Cuarta Transformación también se encuentran limitados en cuanto a lo que podrán decir en sus respectivas reuniones, pero esto no quiere decir que tendrán que limitar sus actividades; simplemente deberán ajustar lo que digan en sus intervenciones mientras llegan los tiempos legales de la campaña por la Presidencia de la República.
El INE está limitado a lo manifestado en la normativa electoral nacional. Difícilmente podrá aplicar sanciones mientras las actividades no estén contempladas en la ley, y esto lo aprovechan tanto Morena como el llamado Frente Amplio por México. Es un resabio de varios años en los que los partidos han intervenido en la elaboración de la legislación en materia electoral, que estará en la mesa de discusión a partir de diciembre de 2024.
En resumen, lo que supuestamente debe ser un proceso que únicamente interese a los militantes y simpatizantes de Morena o de la oposición, terminará siendo una nota a nivel nacional y cuyo efecto se encontrará más allá del padrón de militantes de cualquier agrupación. Un contrasentido, por supuesto, pero al mismo tiempo un desafío a lo que se entiende por democracia en este momento. Por lo menos desde 2006 se ha discutido la necesidad de establecer una segunda vuelta y de otros mecanismos de participación ciudadana. Es momento de recuperar esa discusión y posiblemente de evitar nuevas crisis políticas.
El INE, mientras, tendrá enfrente un desafío en cuanto a lo que representa como institución garante de la democracia en el país, que para este momento ya se encuentra más allá de la identificación del ciudadano votante y la organización de los comicios. Nos encontramos en un momento en el cual la participación de la ciudadanía es mucho más que el voto expresado en las urnas en una determinada fecha, y que incluye la necesidad de escuchar propuestas de quienes aspiran a ser representantes populares. Nos encontramos en una nueva época y requerimos de instituciones que estén a la altura de la circunstancia y el nuevo contexto histórico; esperemos que el INE cumpla con esta expectativa.
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