Desde su toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó comprometido con el combate a la corrupción. Una de sus principales banderas de campaña y también uno de los factores que más votos le atrajeron fue la indignación ante el despilfarro en que habían incurrido los más diversos funcionarios de administraciones anteriores, y sobre todo la inmediata anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto.
Escándalos como la “casa blanca” de Angélica Rivera, “La estafa maestra” o los pagos irregulares de Odebrecht a fin de ganar contratos terminaron por hundir en el desprestigio al gobierno de Peña Nieto. Ahora, debe señalarse que el sexenio de López Obrador también ha tenido sus propios problemas de este tipo. Una diferencia importante, debe reconocerse, es que el Presidente responde cuando se le pregunta sobre los escándalos que le han tocado.
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Por supuesto, las respuestas presidenciales no dejan satisfechos a todos. A manera de ejemplo está el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y las irregularidades por más de 15 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los primeros dos años de operación del organismo, y que sigue como uno de los grandes pendientes a aclarar. Ahora, en su conferencia de prensa diaria, López Obrador se refirió a la corrupción institucionalizada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste).
Se trata, según el mandatario, de uno de los casos más extremos de corrupción. Van 17 meses de reestructuración institucional, que no se han podido concluir “porque ha costado mucho enfrentar las resistencias al interior de esa institución”.
A diferencia de Segalmex, organismo creado en este gobierno, el Issste tiene más de seis décadas operando, y a su alrededor hay múltiples intereses en cuanto a su creación de infraestructura física, proveeduría, mantenimiento de equipo y subrogación de servicios.
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No es extraño entonces que el proceso de reestructuración haya encontrado “corrupción, conflictos de intereses, fraude, involucramiento de autoridades de ex servidores públicos que habían sido directivos que ahora son propietarios de empresas que dan servicios al Issste”, según indicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y responsable de la reforma al Instituto.
La funcionaria subrayó que han detectado fraudes hasta por 15 mil millones de pesos , es decir, prácticamente lo mismo que identificó la ASF en el caso Segalmex. La corrupción, entonces, aún encuentra modos para enquistarse en cualquier dependencia, porque también, independientemente de los cambios en el gobierno y administración del Issste, quedaron relaciones de complicidad.
Entonces, no es difícil de entender cómo el Issste se encuentra reducido en su capacidad de atención inmediata, si la gran mayoría de sus servicios se realiza a través del sector privado. En pocas palabras, no puede tenerse una mejoría sin atacar intereses creados durante varios años.
Ahora, traer el tema de la corrupción en el Issste a colación tiene dos lecturas: o es anticipo de un anuncio de éxito espectacular o es el reconocimiento a que el tamaño del problema supera la capacidad de los funcionarios encargados de combatirlo. Esperamos sinceramente que se trate de la primera opción y que en la siguiente administración estemos hablando de una mejora en el sistema de salud que lo vaya acercando en calidad al nivel de los países nórdicos.
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