Ayotzinapa: la vía de la insatisfacción

Lo que ayer fue bandera, hoy es motivo de protestas en contra. El prolongado conflicto con los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, es uno de los más prolongados clamores de justicia en el México del presente siglo.

Se trata de un reclamo justo, pero hasta la fecha, todas las conclusiones a que han llegado las investigaciones han dejado insatisfechos a los deudos de los estudiantes. Este lunes, un grupo de jóvenes encapuchados dio un portazo en uno de los accesos de Palacio Nacional; sobre la calle de Moneda, que es perpendicular a la plancha del Zócalo.

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La desaparición de los 43 estudiantes cumplirá 10 años el próximo 26 de septiembre. Para entonces estará por realizarse el relevo en la jefatura del Ejecutivo federal. El conflicto tiene, pues, visos para ser heredado a quien resulte vencedora en las elecciones del 2 de junio.

El enojo, después de tantos años y promesas de investigaciones “caiga quien caiga”, es comprensible, pero también es cierto que en varias ocasiones se han ofrecido resultados de las pesquisas, y el resultado es que nadie queda satisfecho.

La semana pasada, los familiares de los estudiantes se instalaron en plantón en el Zócalo y las manifestaciones incluyeron el estallido de petardos en la sede de la Secretaría de Gobernación. Este lunes fueron tubos y rocas contra los ventanales de Palacio Nacional y hasta una camioneta tipo pickup estrellada contra el antiguo portón de madera de la entrada 1, mientras se celebraba la conferencia matutina del presidente. El plantón lleva ya 10 días instalado, en demanda de una reunión con el mandatario y la instalación de una mesa de diálogo en la que éste participe.

En cualquier país democrático, la petición de que el presidente participe en una mesa de diálogo de duración impredecible resulta fuera de lugar. A estas suele acudir un representante con suficiente poder de decisión. De ahí que también sea entendible la postura de que el conflicto se encuentra politizado por los asesores y abogados de los familiares. Ahora, cerrarse al diálogo es también antidemocrático.

Andrés Manuel López Obrador manifestó que está dispuesto a reunirse con los padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa en 15 días. Esta es una postura correcta en el entendido de que se concederá el tiempo suficiente para la expresión de todos los agravios y dudas razonables sobre la investigación que tengan los familiares.

Hay que reconocer también que este gobierno ha tenido avances en cuanto a los resultados de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 jóvenes. El ex procurador Jesús Murillo Karam fue aprehendido, acusado de tortura, delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada; aunque ha recibido el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y estado de salud delicado. Otros detenidos fueron liberados por tortura o presunta tortura, entonces debe decirse también que hay estructuras que están fallando en la correcta impartición de justicia.

Quedan entonces muchos claroscuros antes de llegar a la conclusión tanto del conflicto como de las investigaciones. Pero la clave está en que éstas dejen satisfechas a las víctimas, que son los padres y madres de familia, quienes tampoco han recuperado la totalidad de los restos de sus hijos; la justicia pasa también por saber lo que ocurrió en realidad con cada uno de ellos. En tanto, no habrá explicación que deje satisfecho a nadie y la conclusión se antoja de película, con alguien pronunciando que la neta es chida pero inalcanzable, al menos en este caso.

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Edición: Estefanía Cardeña