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La Liga Árabe pidió el despliegue de “fuerzas internacionales de protección y mantenimiento de la paz de la ONU en los territorios palestinos ocupados” hasta que se establezca un Estado palestino y se ponga fin a la agresión colonial israelí. La organización, que agrupa a 22 naciones donde predominan la lengua y la cultura árabes, también respaldó el llamado del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en favor de una “conferencia internacional de paz en Oriente Medio”.

 

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La propuesta, contenida en el comunicado final de la cumbre que la Liga sostuvo en Manama, Baréin, es lo más sensato y útil que se ha planteado para frenar el genocidio que Israel perpetra en la franja de Gaza y Cisjordania. El planteamiento se produce en un momento de urgencia, cuando las tropas de Tel Aviv atacan por aire, mar y tierra a un millón 400 mil palestinos apiñados en Rafah, el último reducto en pie tras más de siete meses de destrucción sistemática de la vivienda, la infraestructura y cualquier medio de subsistencia. Ante las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el sentido de que ninguna consideración detendrá su ofensiva y no tiene intención alguna de devolver al pueblo palestino el control de sus tierras, la intervención de un cuerpo de paz se revela también como la única medida pertinente para evitar que cientos de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños sean masacrados por el arma elegida por Israel: la inanición.

 

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Para que esta iniciativa se haga efectiva, es necesaria su aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las últimas votaciones sobre la guerra de exterminio contra Palestina apuntan a que obtendría un voto mayoritario de los miembros no permanentes, pero con toda seguridad se toparía con el veto de Washington y, quizá, de los otros dos integrantes permanentes, Londres y París. Estas potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, se cuentan entre los principales valedores diplomáticos, políticos, financieros y armamentísticos del régimen sionista y son corresponsables del desplazamiento, secuestro (eufemísticamente llamado encarcelamiento) y asesinato de palestinos a manos de Tel Aviv. La propuesta de la Liga Árabe les brinda la oportunidad de reivindicarse y dejar atrás su ignominioso papel como patrocinadores de los mayores crímenes de lesa humanidad cometidos en lo que va del siglo XXI. Para ello, basta con que se abstengan en una eventual votación en el Consejo de Seguridad y dejen a la abrumadora mayoría de la comunidad internacional tomar en sus manos la defensa de la legalidad y la protección del pueblo palestino frente a la agresión genocida.

 

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Como principal proveedor de armas y garante de la impunidad israelí, el gobierno del presidente Joe Biden tiene una responsabilidad única en el desarrollo de los acontecimientos hasta este punto y en el futuro. En este sentido, deben destacarse los informes dados a conocer esta semana por un medio británico, en los cuales se señala que la Casa Blanca dio cobertura diplomática a Israel para crear las condiciones de la hambruna al volver casi imposible la entrega de ayuda humanitaria. Estas afirmaciones no las hacen enemigos de Washington, sino funcionarios actuales y anteriores de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) y del Departamento de Estado, así como documentos internos de la Usaid, instancia a la que es imposible acusar de progresista, antisemita o “antiestadunidense”.

 

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Por la supervivencia del pueblo palestino y las esperanzas de paz en Medio Oriente, cabe desear que el mandatario demócrata se dé cuenta de que, además de solapar una atrocidad injustificable, su actitud le enajena votos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo y pavimenta el camino para el regreso del trumpismo, una fuerza política nociva para Estados Unidos y el resto del mundo.

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Edición: Emilio Gómez


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