El ejército de Israel asesinó a siete trabajadores de la World Central Kitchen (WCK) mientras se encontraban en Gaza para proporcionar alimentos a la población palestina que desde hace semanas muere de hambre como resultado de la invasión israelí y el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. La ONG negoció durante semanas con las fuerzas armadas de ocupación los términos en que podría prestar auxilio y les proporcionó su ubicación actualizada, además de permitirles que siguieran en todo momento a su caravana. En vez de usar todos esos datos para proteger a los voluntarios, Tel Aviv los empleó para masacrarlos de manera deliberada, como muestra la precisión de los ataques que destruyeron cada uno de los automóviles en que se desplazaban.
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La directora general de WCK, Erin Gore, calificó el atentado de imperdonable, en tanto no sólo es un ataque contra el organismo, sino contra todas las instancias humanitarias “que acuden a las situaciones más difíciles, donde la comida se utiliza como arma de guerra”. Por su parte, el fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, señaló en entrevista con este diario que con esta masacre el gobierno de Benjamin Netanyahu envía el mensaje de que desea concluir el genocidio sin testigos y consumar, sin que nadie intervenga, la limpieza étnica iniciada por el Estado de Israel hace más de siete décadas.
El desarrollo de los acontecimientos en medio año de operaciones bélicas en Gaza, Cisjordania y países limítrofes da un sustento fáctico a tal apreciación. Pese a que la reocupación de la franja comenzó en el décimo mes de 2023, 70 por ciento de los periodistas asesinados en todo el mundo ese año fueron reporteros palestinos que cayeron víctimas del fuego israelí. En cinco meses, Israel asesinó a 103 informadores que se encontraban en Gaza; se ha prohibido el acceso a comunicadores que pudieran documentar lo que ocurre y, recientemente, Netanyahu dio un paso más al censurar por completo a la cadena de noticias catarí Al Jazeera, una de las pocas voces no alineadas a la propaganda oficial a las que tenían acceso los ciudadanos israelíes.
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Asimismo, el ataque provocó que embarcaciones listas para descargar cientos de toneladas de víveres dieran marcha atrás por el comprensible temor a sufrir el mismo destino que los integrantes de la WCK. Debe recordarse que el arribo de una multitud de organizaciones humanitarias a Gaza responde a la aguda crisis que se padece allí, pero también a la determinación de Tel Aviv de expulsar al principal proveedor de ayuda en la región, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Esta entidad de la ONU ha sufrido el asesinato de 173 colaboradores desde que comenzó la invasión, y el gobierno de Netanyahu ha emprendido una campaña de difusión de noticias falsas para impedirle fungir como enlace entre los gazatíes y la comunidad internacional.
Con todos estos datos, es inevitable concluir que el régimen israelí está determinado a matar de hambre a la población de Gaza, así como a alejar o exterminar a cualquiera que intente aliviar el sufrimiento de recién nacidos, niños, mujeres y hombres palestinos. Ante este escenario es imperativo abandonar de una vez por todas los eufemismos y denunciar lo que ocurre por su nombre, es decir, como un operativo de terrorismo de Estado en gran escala cuyo fin último es el genocidio de la nación palestina.
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