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Foto: La Jornada

La captura y posterior prisión en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ha creado un ambiente de especulación ante la falta de certidumbre en la información generada desde el pasado 25 de julio, fecha en que ambos personajes fueron arrestados por el FBI en un aeropuerto texano.

Este fin de semana, Frank Pérez, abogado de Zambada, publicó un texto asegurando que se trata de una declaración por parte de su cliente, en el cual se señala que el confundador del mencionado cártel no se entregó ni llegó voluntariamente a Estados Unidos, ni tiene acuerdo con el gobierno de ese país. El supuesto testimonio agrega que entre Guzmán López y Zambada debían “resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, específicamente el gobernador Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.


El documento en cuestión no resiste un análisis formal. Incluso la información proporcionada por el apoderado legal de Zambada no aporta datos suficientes acerca del origen del texto, como dónde y en qué momento fue escrito, cómo se le hizo llegar, de qué manera ha sido enterado de la versión sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén; en fin, la información mediante la cual el abogado tiene la certeza de que se trata de un testimonio de su cliente.

Para el periodismo, los mensajes supuestamente suscritos por el crimen organizado no son documentos confiables. En política, tampoco debieran serlo. Sin embargo, la falta de certidumbre en cuanto a lo realmente ocurrido el 25 de julio en Hermosillo y El Paso, deja espacio para que quienes desean el fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, maniobren e intenten desprestigiar a quienes son mencionados en la carta atribuida al Mayo Zambada.


Porque, pongamos por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer los líderes de un cártel como mediadores entre el gobernador y otro político local, sobre quién debería dirigir la universidad estatal? De haber existido un conflicto entre ambos en este tema, que por demás está fuera de sus funciones por el hecho de tratarse de una universidad autónoma, lo más lógico y lo legal habría sido la intervención de algún representante de la propia Universidad, del Poder Legislativo sinaloense, o hasta de la Secretaría de Gobernación federal; no de integrantes del crimen organizado.

Y por otra parte, ¿por qué habría de creer el líder histórico de un cártel que la autoridad civil de un estado buscaría reunirse con él a fin de mediar en una situación que no le compete a ninguno de los dos? Lo único que sí es creíble de esa carta es que El Mayo conoce a Joaquín Guzmán López desde que éste era niño.

Mientras tanto, López Obrador y Sheinbaum Pardo han expresado su respaldo al gobernador Rocha Moya, cuya reacción a la publicación de la carta fue rápida y contundente. Sin embargo, cuando en la coyuntura política se considera que cualquier cosa que dañe al gobierno actual redundará en un beneficio para quienes se han manifestado como sus opositores, seguramente veremos que el asunto de la carta de El Mayo resultará muy manido, cuando no es ni siquiera fidedigno.


Lea, de la misma columna: No es éxodo, sólo familias

Edición: Fernando Sierra


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