Opinión
La Jornada Maya
19/08/2024 | Mérida, Yucatán
Este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro indefinido alegando que la reforma a ese Poder, una iniciativa que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y que obra ya en el Congreso de la Unión, atenta contra sus derechos. El tema lleva varios meses en la agenda política y ha tenido ya un buen número de episodios de tensión entre el jefe del Ejecutivo y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El punto central de la reforma es, según se ha manejado, que a partir del próximo año, o cuando entre en vigor el cambio legal propuesto, que ministros, magistrados y jueces federales sean elegidos en votación popular; tal y como se hace con el Presidente, senadores y diputados, gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Sin embargo, la queja de los empleados es por la incertidumbre en cuanto a sus condiciones de trabajo.
El paro de este lunes lo iniciaron los trabajadores por cuyas manos pasan cientos de expedientes al día: actuarios, secretarios de acuerdos, proyectistas, secretarios de estudio y cuenta, quienes ven en la reforma una trampa porque cuando se plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura por otro organismo, se quedarán sin patrón; es decir, estarían expuestos a que se desconozcan las actuales condiciones generales de trabajo, lo que implica la potencial pérdida de su antigüedad y prestaciones.
Si bien el Ejecutivo ha negado en diferentes ocasiones que los empleados resultarían afectados, el paro es señal de que esta promesa no se encuentra muy clara en la iniciativa; o al menos el mensaje del Presidente, refiriendo que “Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios”, no se ha percibido en ese sentido en el Poder Judicial.
Difícilmente los trabajadores del Poder Judicial estarán en contra de acabar con la corrupción y los privilegios que ahí existen, pero el mensaje que ven en la desaparición del Consejo de la Judicatura es que también deje de existir la carrera judicial, la cual les permite mantenerse actualizados en las materias que atienden, y al mismo tiempo asegurar su estabilidad laboral y también una movilidad ascendente dentro de la Judicatura. Es gracias a la carrera judicial que un intendente que logre matricularse en una universidad y titularse en derecho puede aspirar a convertirse en actuario y de ahí llegar a puestos superiores.
Del mismo modo, tampoco querrán servir de paleros o tontos útiles. Recordemos, se trata de gente que cuenta en su gran mayoría con estudios superiores y que tampoco ha salido a defender a quienes portan toga y birrete en el Poder Judicial; aunque siempre existe la posibilidad de encontrar a alguien que prefiere ser leal a las personas que a las instituciones. Lo que están alegando es que en la iniciativa de reforma no encuentran suficientes elementos como para entender que sus condiciones laborales, por lo menos, permanecerán iguales.
Por otra parte, han sido precisamente los trabajadores del PJF los que no han podido expresarse en los foros. En Zacatecas, la ministra Lenia Batres interrumpió su participación precisamente porque empleados del Poder Judicial habían quedado fuera del recinto donde tenía lugar uno de estos ejercicios, y al cual se les impedía el ingreso. En lo que se presentó como un enfrentamiento entre las cabezas del Ejecutivo y el Judicial, fueron precisamente los servidores públicos de este último Poder los que quedaron en el medio, cuando la reforma debió haber contemplado sus condiciones de trabajo.
Y la llamada de atención pasa ahora para los Poderes Judiciales estatales, ahí donde se resuelven juicios del fuero común y precisamente donde hay menos recursos para la impartición de justicia. De haber el consenso entre los gobiernos que ahora encabezará Morena, el siguiente paso será homologar las leyes locales para que los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces de primera instancia sean también electos, pero para que sea una reforma trascendental, también deberá asegurarse la estabilidad laboral de los servidores públicos, y para ello se requerirá de información de primera mano.
Edición: Fernando Sierra
