Opinión
La Jornada Maya
10/09/2024 | Mérida, Yucatán
En este “entramado” participan 24 mil 546 personas, que podrían ser más, dado que el dato se extrajo de un estudio realizado en diciembre de 2022. El extremo es un funcionario con 26 parientes en el PJF, que incluyen un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales.
La información se constriñe al parentesco sanguíneo, pues se basa del registro voluntario que realizan los trabajadores, bajo protesta de decir verdad. Por lo general, estas declaraciones omiten a hijos y hermanos políticos, o bien a ahijados. Quedan pendientes, además, quienes ingresaron por recomendación de algún compadre o amigo de la infancia.
Las historias de estos entramados familiares, ni son recientes ni exclusivas del PJF. Al contrario, se repiten en diferentes escalas en los ayuntamientos, dependencias estatales y, por supuesto, los Poderes Judiciales estatales, donde el ingreso no depende de un examen sino de redes de amistades, formadas en las facultades de Derecho, o por vínculos familiares, incluyendo el parentesco simbólico.
La calidad del trabajo de la parentela es otra cuestión, y seguramente podremos encontrar un amplio rango de desempeño; lo mismo habrá alguien que cumple con el perfil requerido y completamente profesional en la función que ejerza, que el extremo contrario, en el que encontraríamos personajes que cumplen con la descripción del “aviador”. Esto sucede en prácticamente todas las dependencias. Lo criticable es la inexistencia de un proceso transparente para el ingreso al Poder Judicial, lo que impide también la competencia por los puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, esa misma falta de transparencia en cuanto al ingreso, produce un alto grado de incertidumbre cuando se dan cambios en los juzgados, tribunales y los correspondientes Consejos de la Judicatura, pues es sabido y esperado que los nuevos jefes tomen una escoba y barran con todos los empleados a fin de colocar a “su gente”.
Si la elección popular de jueces, magistrados y ministros resuelve el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, es algo sobre lo que existe una duda razonable, dados los usos existentes. A menos que quede plasmado legalmente, difícilmente podrá suprimirse la práctica de brindar ingreso a recomendados o parientes de otros togados, si se entiende que esto es un intercambio de favores políticos.
Por otra parte, en distintas instancias de los tres Poderes existe el servicio público de carrera, del cual pocas veces se escucha que abra convocatorias para el ingreso. En lo que respecta al Ejecutivo y Legislativo, tampoco se brinda máxima publicidad a las distintas acciones de capacitación que permitan el ascenso de los burócratas que las reciban; y conste que Presidente, gobernadores, senadores, diputados locales y federales y presidentes municipales sí son electos por voto popular.
Tiempo es de hablar de una transformación en la cual el nepotismo caiga en el olvido, pero para ello se requiere del fortalecimiento de los mecanismos de ingreso al servicio público y que éste sea realmente una carrera profesionalizada.
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Edición: Fernando Sierra
