Opinión
La Jornada Maya
01/12/2024 | Mérida, Yucatán
Publia Margarita Ángeles González
Entre julio y agosto del presente año, se hizo mediático el caso del
supuesto fraude inmobiliario de Pedregales de Misnébalam en Yucatán, un desarrollo inmobiliario ubicado a 12 kilómetros del norte de Mérida, en donde cientos de clientes del Grupo Inverco México, una inmobiliaria con sede en Mérida, acusaron a la empresa de cometer una estafa por más de 500 millones de pesos, incumpliendo con las fechas de entrega de cientos de terrenos, y casas, que ya habían sido vendidas desde el año 2021, y en donde, de las 700 pagadas, solo se habían construido 150, sin servicios, en esos tres años.
En respuesta, un representante de la inmobiliaria anunció que el fraccionamiento carecía de liquidez y culpó a los gobiernos municipales de Mérida y Progreso por “traslapar” los predios de la empresa; a la “burocracia excesiva” de la Comisión Federal de Electricidad porque retrasó la obra de electrificación; a la pandemia de Covid-19 por el confinamiento social y económico; a los incrementos de los materiales de la construcción; y al retraso en la regularización del régimen de condominio en las dependencias oficiales, mas no mencionó que las actividades de venta se realizaban sin haber concluido los permisos básicos de lotifcación.
Carlos Antonio Irracheta Carrol, quien en 2023 era presidente del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), afirmó que el problema de fraudes inmobiliarios era tan grave en Mérida y sus municipios, que ya se le catalogaba como “la capital de la especulación inmobiliaria en el país”, con una sobre oferta de lotes de inversión, “semi urbanizados” “a 20 minutos de la playa”, pero desconectados de los centros de población pre existentes, carentes de espacios para equipamiento y servicios, incentivando la expansión urbana desmedida.
En el 2022 la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida, declaró que trabajaba en una iniciativa para crear la Ley Estatal de Prestación de Servicios de Intermediación Inmobiliaria en Yucatán con el fin de combatir el problema de la venta de lotes de inversión, así como la proliferación de personas que venden casas, o terrenos, pero que no cuentan con suficientes conocimientos acerca de la situación legal del predio, el uso de suelo permitido en la zona, o si el proyecto inmobiliario se alínea al Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
El 31 de julio de este año, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el decreto 804/2024, por el que se modifica la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Con estas reformas, se implementan: 1. El Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, que deberá estar operando el 28 de enero de 2025; y 2. La Licencia de Asesor Inmobiliario, en donde se manejarán tres tipos de licencia: A). Asesor Inmobiliario Certificado (persona física, vigencia de 5 años); B). Agencia Inmobiliaria Certificada (persona moral, vigencia de 6 años); y C). Asesor Inmobiliario Afiliado (persona física en formación, vigencia de 1 año).
Toda persona que desee ejercer la intermediación inmobiliaria deberá tener alguna de estas licencias, a más tardar el 27 de julio de 2025. Cada asesor deberá haber comprobado 50 horas de capacitación certificada, cumplir con evaluaciones formales, obtener autorización por escrito del dueño para promover su propiedad, y expedir CFDI de todos los servicios. Situación que preocupa a varios de los asesores inmobiliarios, por la gran inversión temporal y económica que tendrá que realizar para permanecer vigentes.
La reforma también contempla a los notarios que intervengan en actos inmobiliarios, así como menciona sus obligaciones de recabar información sobre de los intermediarios inmobiliarios, retener sus impuestos, reportar a quienes no muestren su licencia, e incluso negar la inscripción de los predios que no tengan los permisos adecuados.
Por lo que, después de Agosto 2025, el mercado inmobiliario en Yucatán habrá cambiado de manera significativa, con promotores y una ciudadanía más informada y exigente. Esperemos la implementación por parte del nuevo gobierno, se desarrolle de la mejor manera.
Edición: Fernando Sierra
