Opinión
La Jornada Maya
04/12/2024 | Mérida, Yucatán
Este martes se anunció que, por unanimidad, los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), es decir, representantes de los sectores obrero, empresarial y gobierno federal, acordaron incrementar en 12 por ciento esta percepción para el próximo año, por lo que la remuneración general más baja pasará de 248.93 a 278.80 pesos al día en casi todo el territorio nacional, salvo en la frontera norte, donde ascenderá a 419.87 pesos.
En cierta medida era de esperarse que el gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum mantuviera la inercia de aumentar los salarios mínimos en dos dígitos, aunque la tendencia parece ir hacia la estabilización de estos aumentos y que estos sean de aquí en adelante menores a los que se realizaron en el sexenio anterior, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador cuando los aumentos superaron el 20 por ciento, con excepción de 2019, en que el aumento fue de 16.2 por ciento.
También, ahora por mandato constitucional, los futuros incrementos deberán ser por encima de la inflación, en un reconocimiento a que durante mucho tiempo el salario mínimo fue más un microsalario y que políticamente se le mantuvo deprimido porque supuestamente aumentarlo habría desatado una carrera alcista en los precios de la canasta básica y además en los créditos de vivienda y prácticamente todas las multas y derechos, que se encontraban tasados en veces el salario.
Uno de los pretextos más socorridos para mantener los aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación fue también que “casi nadie” recibía esa cantidad, dentro de la población formalmente empleada. En efecto, aunque la diferencia a favor del trabajador tampoco era mucha, y también se permitieron varios abusos, entre ellos la proliferación de empresas de outsourcing diseñadas para escamotear derechos laborales como el reparto de utilidades y registrar a los trabajadores ante el Seguro Social con el salario mínimo y pagándoles “por fuera” otra cantidad, lo que impidió el acceso a jubilaciones dignas.
Ahora el objetivo manifiesto es otro: la recuperación del poder adquisitivo de los obreros hasta alcanzar, en 2030, el acceso a 2.5 canastas básicas, lo que representa superar la pobreza alimentaria para ese año, o al menos conseguir una reducción drástica, siempre y cuando se consiga una reducción importante en la economía informal.
De esta manera, el aumento al salario mínimo es un acto de justicia social con el objetivo de que quienes componen la fuerza laboral del país puedan, con el fruto de su trabajo, cubrir las necesidades que señala el artículo 123 de la Constitución, algo que si bien era difícil antes de la década de 1980, se volvió imposible entre 1988 y 2018.
Por otro lado, los aumentos al salario mínimo tampoco han terminado por reflejarse en la paga de todos los trabajadores. La tabla de salarios para profesiones, oficios y trabajos especiales apenas comprende 61 ocupaciones en las cuales el sueldo va de los 280.40 pesos para un manejador de granja avícola, a los 340.04 para operador de draga, esto en la zona general. Dos profesiones destacan porque deberán recibir, en cualquier parte del país, 624.30 pesos al día, y estos son los reporteros y reporteros gráficos en prensa diaria impresa; un reconocimiento a lo peligroso que se ha vuelto el oficio.
Pero tomemos por otra parte a quienes se desempeñan en el servicio público, en los tres niveles de gobierno, o en las universidades, y ahí podremos ver que los tabuladores se mueven muy poco. En buena medida esto obedece a que el presupuesto para ellos viene del erario, y mientras la recaudación no incremente, tampoco lo harán el número de plazas para aliviar la carga de trabajo o para dignificar los sueldos.
Y por último, es necesario llamar la atención sobre el factor inflación, que también obedece a estímulos externos, por lo que mantener los aumentos alrededor del 12 por ciento es, por ahora, un mero cálculo y para alcanzar la meta de que el salario mínimo equivalga a 2.5 salarios mínimos se requiere estabilidad en las condiciones económicas del país en los próximos seis años, algo que no queda bajo el control de ningún gobierno.
Edición: Fernando Sierra
