Opinión
Rafael Robles de Benito
10/12/2024 | Mérida, Yucatán
Hace unos días apareció en uno de esos diarios que se dicen de circulación nacional (El Universal) una nota que sostiene que la Secretaría de la Defensa Nacional ha contratado los servicios de una compañía especializada en la exterminación de fauna nociva, para que acabe con los jaguares, venados y tapires que interfieren con el paso seguro del Tren Maya por la península de Yucatán. Francamente, me resulta difícil de creer. De hecho, me da la impresión de ser un intento más bien burdo para desacreditar ese proyecto emblemático de la 4T. No quiero decir con esto que el famoso ferrocarril esté exento de toda crítica. Antes, al contrario, creo que todavía hay que profundizar mucho en el análisis de la forma en que se ha llevado la obra hasta ahora, sin un proyecto integral, sin un procedimiento de evaluación de su impacto ambiental que resulte remotamente serio, y sin una clara concepción acerca de sus virtudes para la economía regional y su sustentabilidad. En este análisis, que es una asignatura inconclusa, hace falta entre otras cosas examinar con rigor qué se puede esperar en términos del crecimiento de la infraestructura urbana y los desplazamientos demográficos que traerá esta obra para la región, toda vez que –de tener éxito– detone procesos de desarrollo regional que al parecer nadie ha planeado, y cuyos efectos nadie ha previsto.
Pero de ahí a pretender que el gobierno de México puede cometer el despropósito de exterminar las especies de grandes mamíferos más importantes de la fauna del trópico nacional, considerándolas sin miramientos como fauna nociva, hay un trecho intransitable. No solamente saben que se trata de especies icónicas de la biodiversidad mesoamericana, sino que han dedicado importantes esfuerzos a protegerlas y conservarlas. A trompicones, con errores y desatinos considerables, es cierto; y con una tendencia preocupante a disminuir los recursos destinados a cumplir estos objetivos; pero nunca con la insensatez de emprender una labor deliberadamente dirigida a lastimar componentes de la biodiversidad, considerándolos nocivos para las actividades que emprende el Estado.
Al intentar que la nota referida alcance alguna verosimilitud, hay quien ha dicho que ya antes el gobierno ha contratado los servicios de alguna agencia para controlar o eliminar la fauna que se encuentra dentro de los terrenos de un aeropuerto, como el de Mérida, o el de Tulum. Como lo ha aclarado con sensatez Carlos Alcérreca, de Biocenosis, A. C., que es además un experto en materia de fauna silvestre en el país, el manejo de los animales al interior de un predio acotado, como el de un aeródromo, no es comparable a lo que implica la necesidad de contar con pasos de fauna adecuados y suficientes cuando se tiende una vía de ferrocarril. “En efecto – dice Carlos - concursamos para el manejo de fauna del aeropuerto de Tulum. Ahí se pretendía hacer controles hasta de hormigas termitas y ratones, y mantener a raya mamíferos pequeños, medianos y grandes. El aeropuerto no estaba cercado del todo, por lo que había que hacer controles al interior del terreno y capturas de remoción sobre todo de animales grandes; así como ahuyentar o eliminar a las aves, incluyendo a las canoras, mediante diversas técnicas, como la cetrería”. Es claro que la presencia de fauna donde despegan y aterrizan aeronaves constituye un peligro para quienes las tripulan, o viajan en ellas. Y en lo que atañe al tren maya,, Alcérreca nos dice que “el concurso descrito (e interpretado por El Universal, que en realidad no se sabe lo que diga específicamente, el contexto en que fue formulado) tendría menor escala en impactos, en costos y grillas si el tren estuviera confinado en todos su trazo, de tal forma que el impacto que representaría el tren como limitante para el movimiento libre de la poblaciones silvestres, el ganado y las personas, dependiera de que funcionaran (en número y condición) los pasos de fauna. Claro que la inversión de este cercado es importante, y aun así tendrían que ser monitoreados los eventuales ingresos de fauna, de ganado y de personas) al recinto de las vías”.
El manejo de la fauna silvestre, entonces, no atraviesa por el exterminio indiscriminado, y esto lo sabe cualquier agencia medianamente seria que se dedique a estas labores. Y lo saben también, por supuesto, la secretaria Bárcena y el comisionado Álvarez-Icaza, responsables del tema en el ejecutivo, que seguramente impedirían se llevase a cabo una barbaridad como la que insinúa el diario que pretende realizar la Sedena. Más allá de lo que uno pueda pensar, tendría que ser posible indagar qué hay de cierto en lo que aparece en el periódico, y quizá entonces nos encontraríamos, como ha sucedido antes, con que las fuerzas armadas nos niegan el acceso a la información, alegando que se trata de una “asunto de seguridad nacional”. Como ahora ya no hay un organismo autónomo al que recurrir ante una negativa de este tipo, que contribuya a transparentar la información, quizá tendremos que conformarnos con la incertidumbre, la urdimbre de hipótesis y la desconfianza. Prefiero creer que los venados, jaguares, tapires, jabalíes y demás animales continuarán gozando de la protección legal y la simpatía social que les permita continuar acompañándonos en el territorio.
Edición: Fernando Sierra