Opinión
La Jornada Maya
27/01/2025 | Mérida, Yucatán
Detrás de una historia de empobrecimiento acelerado de una persona o familia suele estar una deuda que en algún momento se convirtió en impagable. Existen infinidad de relatos sumamente crueles, en los que el individuo se degrada por una adicción, o porque arriesgó el patrimonio construido durante muchos años en una inversión que resultó ser una estafa.
También hay episodios en la historia mundial en los cuales un grupo de personas fue perdiendo posesiones, a causa de la avaricia de las élites, hasta el punto de quedar reducidas a servidumbre y hasta esclavitud por deudas; incluso se cuentan testimonios según los cuales la servidumbre comenzó con el préstamo de unas cuantas monedas que se consumieron en una cantina, y después el adeudo nunca dejaba de crecer porque el único lugar donde se podían adquirir alimentos y otras mercancías básicas era la tienda al interior de la finca, y el salario nunca alcanzaba para liquidar lo que se había consumido en la semana.
No es extraño que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), durante décadas, haya promovido juicios contra derechohabientes que por alguna razón dejaron de pagar sus créditos. Lo que aterra es que lo haya hecho en colusión con despachos de abogados y personal de los poderes judiciales locales, en varios niveles, con el fin de hacerse de las viviendas que ya habían sido entregadas, afectando a casi un cuarto de millón de derechohabientes, lo que implica que se perjudicó a por lo menos un millón de personas, si consideramos que ya había familias residiendo en estos predios.
De este despojo salieron beneficiadas una veintena de despachos jurídicos, que se repartieron alrededor de 29 mil millones de pesos, pero por encima de ellos se encuentra el capital: inmobiliarias que adquirieron las viviendas a precio de remate y obtuvieron pingües ganancias en su reventa o rediseño.
Pero lo escandaloso de la confabulación fue que no hubo miramientos. Según dio a conocer Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, miles de los afectados se encontraban al corriente de sus pagos; es decir, a esta red de corrupción le interesa la ubicación de las viviendas y no tiene escrúpulos en promover juicios a todas luces plagados de irregularidades, y de hacerlo en cantidades masivas.
Otra irregularidad es que los demandados no tienen conocimiento de que exista un procedimiento legal en su contra hasta que es demasiado tarde para presentar la documentación probatoria de que se está al corriente con los pagos o para interponer una apelación. Para cuando se enteran, es porque ya salió el auto aprobatorio de remate.
Es hasta ahora que el gobierno dio marcha atrás a estas acciones (i)legales, que en apariencia eran desconocidas dentro del Infonavit, aunque la promoción de juicios es prácticamente imposible si no se tiene la información que posee el propio Instituto; es decir, la red de corrupción tiene colaboradores en ese organismo. La afectación, sobra decirlo, es en todo el país.
Oropeza no mencionó cuánto tiempo ha actuado esta red de corrupción, ni desde cuándo se tiene la información de que se demandó a 373 mil derechohabientes en todo el país con tal de despojarlos de su vivienda. Sin embargo, es notorio que la operación es de los últimos años y que la cifra siguió creciendo desde 2018.
Lo que es notorio es que urge sanear las instituciones de impartición de justicia desde el nivel local. Todos los juicios se promovieron ante juzgados de primera instancia, ya sean civiles o mercantiles, que son los que operan en cada entidad federativa; incluso en la Ciudad de México, donde el Juzgado 60 de lo Civil recibía en promedio 4 mil juicios al mes.
Sabiendo del rezago que suelen arrastrar los juzgados de primera instancia, resulta escandaloso que uno solo haya acumulado tal cantidad de procesos.
Pero, por otro lado, también está como un pendiente para este gobierno hacer del Infonavit un organismo garante del derecho a la vivienda para cualquier trabajador, y aunque el anuncio del inicio de la construcción de un millón de viviendas, es necesario revisar las condiciones del mercado inmobiliario que han hecho que adquirir una casa o departamento sea prácticamente imposible para toda una generación, y que hay entidades en las que, a pesar de que un empleado gubernamental cuenta con la asignación de una plaza, en los hechos tiene impedido el acceso a la vivienda. Entonces, hay que garantizar tanto el acceso como la certeza de la propiedad por parte del trabajador.
Edición: Estefanía Cardeña
