Opinión
La Jornada Maya
26/02/2025 | Mérida, Yucatán
Inicialmente, el principio de no reelección es parte del funcionamiento político mexicano desde la revolución maderista. En las últimas décadas, el período neoliberal, se permitió para presidentes municipales y en los Poderes Legislativos, con el argumento de que los alcaldes contaban con poco tiempo y ningún aliciente para emprender proyectos de largo alcance y que se requería profesionalizar la labor en los congresos. En la práctica terminamos viendo que hay familias cuyos integrantes se rotan en una alcaldía, y que los legisladores “profesionales” o que resultan los operadores políticos en las cámaras, son los que obedecen al principio de representación proporcional y no los elegidos en las urnas.
La relevancia de las elecciones intermedias que tendrán lugar en 2027 es que, independientemente de los partidos, podrá verse el choque de dos fuerzas que representan la realpolitik mexicana: quienes operan de tal modo que son reconocidos como integrantes de la clase política y por tanto tienen el poder para “acomodar a su gente” y “operar” para que “las bases del partido” apoyen una u otra candidatura; por otro, un esfuerzo que viene de mucho tiempo atrás y que requiere de la creación de ciudadanía, para a su vez dar lugar a una sociedad plenamente democrática.
En el fondo, si se pretende dejar atrás que el ejercicio de la política sea por herencia, favoritismo, influencias, o porque los apellidos poseen más peso que el liderazgo, se requiere que cada vez más individuos se involucren en actividades que requieran la interlocución con el Estado; desde comités vecinales, escolares, asociaciones para la conservación de edificios patrimoniales, fomento a bibliotecas, sindicatos y demás organizaciones en las cuales se experimente la gestión, el intercambio de información jurídica, el diálogo entre los distintos actores de la comunidad; en resumen, que impliquen el ejercicio de los derechos constitucionales y el cumplimiento de las obligaciones que conllevan.
Por supuesto, para ejercer el derecho a votar basta con ser mayor de edad, pero acudir a las urnas es el cumplimiento mínimo de la obligación. El ejercicio de la ciudadanía incluye verificar la trayectoria de quienes aspiran a una candidatura, la manera en que obtuvieron la postulación, comparar con los adversarios, y después sufragar. Y un votante exigente difícilmente permitiría que los cargos públicos sean vistos como herencia.
En todo México hay casos de familias que ocupan un puesto. Están los Del Mazo, en el Estado de México, tal vez como el ejemplo más logrado, pero los Monreal en Zacatecas ya les están pisando los talones; con la diferencia de que los primeros fueron sucesores, mientras que en la entidad del Bajío serían ya varios hermanos.
Mientras, en Morena veremos cuánto quedará del espíritu fundador, plasmado en sus estatutos, que impiden el nepotismo, cuando por otro lado es un partido en el que ha pesado el caudillismo y que precisamente ha terminado haciendo alianzas con varias de las grandes familias de la clase política.
Si en 2027 se verá mal que haya candidaturas “heredadas”, será porque hay una ciudadanía capaz de exigir que los cargos se ganen por méritos propios y ya no por respaldo familiar, pero para eso, se requiere precisamente de ciudadanos.
Edición: Fernando Sierra
