Opinión
La Jornada Maya
02/03/2025 | Mérida, Yucatán
Pocos hechos revelan tanto acerca de la naturalización de la corrupción como que se haya dictado orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y a siete de sus colaboradores.
Cuatro de estos funcionarios ya fueron detenidos, y resulta sintomático que estos hayan estado a cargo de las finanzas y la seguridad pública de ese estado.
La judicialización del asunto escandaliza por dos motivos: el monto desviado y que los delitos de los que se imputa al ex gobernador e integrantes de su gabinete no sean considerados graves. Lo triste para los mexicanos es enterarnos que la administración fraudulenta, el peculado, la asociación delictuosa y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita sean ilícitos que permiten, a quienes los perpetran, enfrentar el procedimiento penal respectivo en libertad bajo caución.
Independientemente de que Aureoles y compañía sean juzgados, quienes resultan perjudicados son los mexicanos en general y los michoacanos en particular. Mil millones de pesos pudieron traducirse en un auténtico reforzamiento de los cuerpos de seguridad de ese estado, que mucho necesita de acciones en la materia para la protección de los productores de aguacate y limón; en cambio, quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de garantizar la vida y propiedad de los gobernados, optaron por utilizar el presupuesto en provecho propio.
El subejercicio del dinero público genera grandes perjuicios a la población. El dinero que pudo haberse invertido en obras públicas o en fortalecer las instituciones de salud, educación o seguridad, no se recupera de ninguna manera. Incluso si se consigue la devolución de los mil millones de pesos, es imposible que destinarlo a cualquier rubro en un momento posterior resulta una respuesta tardía a las necesidades que se expresaron previamente.
La acción contra Aureoles Conejo y compañía debe sentar precedente en lo que refiere al combate a la corrupción. No se trata únicamente de ver a un ex gobernador y parte de su gabinete tras las rejas, sino de que existan mecanismos para evitar que existan actos similares. Por principio, debe corresponder a los tres Poderes analizar si es factible considerar como delito grave los actos de corrupción cuando se tiene este nivel de descaro, porque la característica del gobierno de Aureoles fueron los escándalos, las acusaciones de malversación del presupuesto, gastos desproporcionados, y otros abusos contra la población.
Otra acción necesaria sería promover la limitación del fuero y regresar a su concepción republicana, en la cual esta protección aplica únicamente a la opinión de los funcionarios; en todo caso sería procedente la investigación de delitos del orden común que pudieran cometer regidores, presidentes municipales, legisladores locales y federales, y por supuesto gobernadores.
Queda también pendiente hacer efectiva la revocación de mandato para todos los niveles del Ejecutivo, no únicamente para la Presidencia. El ejercicio de la ciudadanía debe tener la posibilidad de castigar prontamente a quienes incumplan con la responsabilidad que se les confió en las urnas; que el voto que les dio la confianza sea el mecanismo suficiente para retirárselas. Silvano Aureoles, y toda su administración, deben servir de ejemplo de la exigencia de los mexicanos por contar con gobiernos honestos.
Edición: Fernando Sierra
