Opinión
La Jornada Maya
24/03/2025 |
En el calendario, el tercer mes del año parece ensañarse con efemérides dolorosas para los mexicanos. Marzo, en las últimas tres décadas, ha acumulado un número considerable de acontecimientos que se definen como crímenes, pero que con el paso de los años han dejado de conmemorarse o sobre los que la sociedad ha tendido un velo de indiferencia, o finalmente están a punto de caer en el olvido. Esto es indicador de que la población busca hacerse fuerte ante las tragedias mediante la evasión, al grado de llegar a naturalizar los eventos violentos con los que termina por lidiar diariamente.
Este domingo se cumplieron 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia. La fecha que solía aglutinar a los priistas en una exigencia de justicia y esclarecimiento del crimen ha terminado por quedar en el silencio. Es cierto que en esto ha influido que ese partido perdió la hegemonía que sostuvo durante 70 años, pero también pesa que los principales impulsores de la conmemoración han perdido presencia en el escenario político o bien terminaron por encontrar acomodo en otros partidos; de manera que este suceso dejó de ser un aglutinante de la clase política mexicana, en demanda del esclarecimiento del crimen.
También se cumplieron ocho años de que fuera asesinada Miroslava Breach, en Chihuahua. La periodista, corresponsal de La Jornada, era reconocida por sus investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos. El hecho de que no se haya mantenido la indignación por este crimen, y que las averiguaciones en torno a ello continúen, implica que hemos dejado de prestar atención a quienes nos informan, y en ello arriesgan la vida, precisamente sobre temas tan sensibles y relacionados con los abusos por parte de quienes ejercen el poder político y económico.
Este año se denunció el hallazgo de 800 pares de zapatos, presuntamente propiedad de personas desaparecidas, en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Las voces denunciantes han sido las de colectivos de buscadoras, principalmente, pero también se han unido actores políticos que, más que la identificación de las personas y el esclarecimiento de los hechos detrás de un hallazgo tan macabro, apuestan por el ruido y la politiquería sobre el asunto. Estos son los actos que terminan por desencantar a la sociedad mexicana y que favorecen que la respuesta sea, en lugar de la paralización del país y la exigencia de una impartición de justicia transparente y pronta, la indiferencia y el eventual olvido colectivo, mientras se niega el acompañamiento a las miles de familias que cuentan con al menos uno de sus integrantes entre los desaparecidos.
Y éste es el factor principal por el cual los hechos de violencia que afectan a todos los mexicanos terminan por diluirse en el olvido colectivo y su preservación en la memoria queda restringida a lo que consiguen los medios de comunicación y los documentos que eventualmente lleguen a los archivos históricos. La politiquería, el querer hacer daño a quienes conducen los destinos del país, en lugar de ponerse del lado de las víctimas y ser los primeros coadyuvantes en la exigencia de justicia, no tiene más destino que el abandono de cualquier causa que “abrace” la clase política. El peligro es precisamente que la sociedad termine por desenajenarse de la participación en la cosa pública, que equivale a la pérdida de ciudadanía.
A nadie le sirve una sociedad que deje de involucrarse en la política y no reaccione con indignación a los crímenes que pudieran cometerse, independientemente de su impacto. Esta será una ciudadanía muy limitada, que difícilmente participará en cualquier ejercicio de democracia directa y a duras penas buscará ejercer el derecho a ser votada y hacer una diferencia y marzo deje de ser un mes en el que se acumulan hechos que lastiman la memoria.
Edición: Mirna Abreu
