Opinión
La Jornada Maya
25/03/2025 | Mérida, Yucatán
El tiempo cuenta para la FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero, pero para el caso resultan más importantes las formas, porque es desde que se tiene el control del sitio que la responsabilidad del aseguramiento y la custodia de lo que ahí se encuentre. En una investigación coordinada, habría tenido que conformarse con la información que le brindara la Fiscalía de Jalisco, y no necesariamente podría garantizar que haya existido un control de todo lo encontrado en el mencionado rancho.
La actuación de la FGR debe ser prácticamente por nota. Hasta ahora ha dependido de lo que la Fiscalía de Jalisco ha integrado en su carpeta de investigación y al respecto el propio Gertz Manero ha expresado las deficiencias y omisiones en ella, además del endeble aseguramiento de los vehículos que se encontraban en esa propiedad desde septiembre pasado. De ahí que haya sido importante la detención de José Gregorio N, El Lastra, porque es a partir de ella que se tiene información suficiente para abrir una investigación federal por delincuencia organizada y se conoció el modus operandi de los reclutadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, que presuntamente dirigieron hacia ahí a cientos de personas reclutadas mediante engaños, a algunas de las cuales torturaron y asesinaron ya fuera por no cumplir con el programa de adiestramiento o por resistirse e intentar huir.
Independientemente de las deficiencias de la investigación previa, hay muchos pendientes por aclarar que ahora le corresponderán a la FGR. El primero es la identidad de quienes pasaron como cautivos por el rancho Izaguirre y dejaron atrás cientos de pares de zapatos, pero para ello, también hay que tener en cuenta las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Lo primero que tenemos que hacer en este caso es investigar [...], pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa”.
Saber qué pasó es dar respuesta a muchas interrogantes: está la propiedad del inmueble y cómo es que terminó como instalaciones o campamento de un grupo de la delincuencia organizada; cuánta gente coincidió durante un programa de “adiestramiento”, cuántos siguen con vida y quiénes fueron torturados, ejecutados e inhumados en el rancho. Esto último dependerá de cuántos restos humanos sean encontrados y de que se hagan las pruebas pertinentes de laboratorio.
Atraer la investigación implica hacer lo propio con los reflectores que tiene el caso. Las imágenes en sí mismas son dolorosas. Lo irresponsable será exigir resultados inmediatos, porque las respuestas que brinde la FGR deberán ser probatorias más allá de toda duda, porque también será la única forma de señalar de manera inequívoca a los responsables de la tragedia, y ofrecer un cierre digno a los deudos, muchos de los cuales llevan varios años buscando a sus seres queridos, viviendo un desgaste al que nadie debiera estar expuesto.
Más que respuestas prontas, la ciudadanía debe exigir apego total a los protocolos de investigación, respeto total a las cadenas de custodia y persecución de los responsables hasta consignarlos ante los jueces competentes.
El reto para este gobierno es cómo pasará el rancho Izaguirre a la historia, si como el gran caso que permitió a las autoridades recuperar el control del país en zonas que siguen en disputa con los cárteles, o como símbolo de todo lo que se le permitió al crimen organizado, tanto en cantidades de personas afectadas como en niveles de impunidad.
Edición: Fernando Sierra
