Opinión
La Jornada Maya
09/04/2025 | Mérida, Yucatán
La importancia de la operación se encontraba en el alcance de la misma, en que involucraba a proveedores internacionales y en que de alguna manera debía servir para poner fin a las quejas de falta de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico en clínicas y hospitales del sector salud. Lamentablemente, es prácticamente imposible alegar que las irregularidades que halló la SABG hayan sido un descuido y sí, en cambio, que se trató de un procedimiento viciado de origen, ya que las anomalías se encontraron en la convocatoria, anexos técnicos y juntas de aclaraciones.
Las irregularidades se encuentran tan extendidas que la cantidad de medicamentos e insumos a adquirir ni siquiera está fundada en una investigación de mercado, la cual es necesaria como referencia para diseñar el concurso; lo que equivale a decir que las necesidades de abasto para 26 instituciones de salud fueron calculadas a ojo de buen cubero y no de acuerdo a lo que requiere la población derechohabiente, o de acuerdo con la vida útil de los reactivos o materiales de laboratorio.
La convocatoria, igualmente, incluyó requisitos no contemplados en la Ley de Adquisiciones, obligando a los aspirantes a proveedores a adelantar informes en caso de resultar ganadores de la licitación, pero esto también se presta a que algún participante haya podido obtener información anticipada y así haber estado en posibilidad de entregar una documentación que los demás competidores no contemplaron de inicio.
Agreguemos que los proveedores no contaron con información sobre los precios máximos y mínimos de cada producto, ni quedó claro si debían ofertar por unidad o por bloque; de nuevo, esto pudo prestarse a favorecer a un candidato en específico.
La señal que envía la SABG resulta positiva en cuanto a que su intervención cortó de tajo lo que pudo ser un caso de tráfico de influencias y posiblemente de un intercambio de favores; en pocas palabras, de corrupción. Resulta significativo que la Secretaría haya actuado en la primera licitación internacional del gobierno de Claudia Sheinbaum y que se haya ordenado reponer el procedimiento en un plazo de seis días. Se sienta el precedente de que así será en el futuro y que la nueva dependencia cumplirá con los objetivos para los que fue creada.
Precisamente la prontitud de atención a las denuncias es lo que se agradece, porque de lo contrario habría sido necesario esperar a los procedimientos de la Auditoría Superior de la Federación o a que existiera una solicitud ante el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
El golpe ha sido contra un modus de corrupción sumamente elaborado y en el cual existen muchas complicidades. El daño, sin embargo, es contra el pueblo mexicano que requiere que sus instituciones de salud le garanticen el derecho a la misma, y aquí aún falta por hacer.
Edición: Fernando Sierra
