Opinión
La Jornada Maya
08/04/2025 | Mérida, Yucatán
El predio en cuestión había sido señalado como un “campo de exterminio”, a partir de que el colectivo Guerreros Buscadores reportó, a principios de marzo, haber encontrado restos óseos calcinados, casquillos de bala, cargadores y prendas de vestir. Días después, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió que,
tras la detención de José Gregorio “N”, El Lastra, que el lugar era utilizado como campo de adiestramiento, aunque también se golpeaba, torturaba y asesinaba a quienes pretendían escapar o no cumplían con el programa de “capacitación”.
La FGR atrajo el caso, ya que el rancho había sido intervenido por la fiscalía de Jalisco desde septiembre de 2024, pero la investigación fue un cúmulo de deficiencias y fallas procedimentales que hicieron cuestionar seriamente el nivel de compromiso de las autoridades jaliscienses con la resolución de crímenes, especialmente con las más de 15 mil personas desaparecidas en ese estado.
Este martes, Gertz Manero aseguró que, por el momento, no hay evidencia de que existieran crematorios en el rancho Izaguirre, lo que por lo menos siembra la duda sobre la denominación de “campo de exterminio”. Esa duda, sin embargo, no puede permanecer y los mexicanos merecemos saber qué fue lo que realmente ocurrió en esa propiedad, empezando también por la identidad de sus propietarios y desde cuándo estaba en manos del crimen organizado.
Pero por lo pronto, lo que se ha hecho es enviar los análisis a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “para que ratifiquen o rectifiquen esta información”. El riesgo está en que los especialistas universitarios no pueden, ni deben, ofrecer certezas luego de una mera revisión de resultados; al contrario, por ética profesional, deben estar en posibilidades de replicar las pruebas de la FGR, y esto implica que puedan obtener sus propias muestras en los terrenos del rancho Izaguirre o al menos que se asegure el establecimiento de una cadena de custodia para las mismas.
Por otra parte, la FGR tiene el pendiente de responder a qué ha sido de las personas que en algún momento llegaron al rancho, reclutadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solamente afirmar que “hay avances sustanciales” en las investigaciones. Porque la preocupación de los mexicanos sigue siendo qué ha sucedido con los dueños de la ropa, zapatos y demás artículos encontrados ahí; esto aparte de los restos óseos.
El plazo no puede ser inmediato, pero sí a la brevedad posible. Las pruebas científicas que deben hacerse, por obligación, deben brindar una certeza; el que la FGR haya procedido enviando sus resultados a la UNAM debe verse en ánimo de llegar a la verdad sobre lo que haya sucedido en Teuchitlán, pero esto debe ser también una certeza para las miles de familias que cuentan con al menos uno de sus integrantes desaparecidos. Incluso es imperativo llegar a los autores del asesinato de Teresa González Murillo, madre buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza.
A partir de ahí, lo único que puede seguir es desenredar la madeja de complicidades que permitieron el crecimiento y la operación del CJNG, al grado de poder anunciar sus “ofertas” de empleo y seguir atrayendo jóvenes para engrosar sus filas, pero también las listas de desaparecidos.
Edición: Fernando Sierra
