Transporte que viene y va, sin ciudadanía

El tema del transporte público lleva varias semanas en la agenda de la discusión pública en Yucatán. Desde el nombramiento oficial de su actual director, Jacinto Sosa Novelo, se puso en conocimiento de la población, especialmente quienes utilizan el sistema Va y Ven en todas sus variantes (autobuses híbridos, el Ie-Tram, rutas nocturnas), que existen varios candados financieros heredados, que hacen inviable el funcionamiento del mismo.

En su momento, Sosa Novelo enumeró los costos económicos que se resumen en un solo hecho: el sistema no es rentable como lo sería una empresa, aparte existen compromisos que parecen tramposos, como el pago de 22.2 millones de pesos anuales por renta del inmueble del CETRAM Norte, sin que éste pase a ser patrimonio estatal. Hubo reacciones tanto a favor como en contra. Entre las primeras, lo fundamental fue culpar al gobierno pasado de practicar greenwashing; presentar un transporte supuestamente limpio, ecológico, para ocultar negocios entre cuates; imponer la “modernización” sin estudios serios y mucho menos involucrando a la ciudadanía.

Pero la crítica tampoco demoró. Lo que se hizo implicó brindar dignidad al público usuario del transporte público, y muy especialmente al traer unidades equipadas para atender a personas con discapacidad motriz, que requieren del auxilio de una silla de ruedas para desplazarse, quienes no pagan nada por trasladarse en los distintos autobuses. Agreguemos que debe aceptarse un hecho contundente: en el mundo, todos los sistemas de transporte público requieren de un subsidio por parte del Estado; ninguno es, pues, financieramente viable.

Si bien la cuestión económica es particularmente sensible, porque el subsidio sale del erario, de los recursos que aportamos todos, no solamente quienes utilizan diariamente el transporte público, también resulta urgente establecer una ruta clara de la modernización del sistema, puesto que cualquier modificación que siquiera lleve a pensar que se regresará a los destartalados vehículos anteriores, quedará como un insulto precisamente a quienes se quiere atraer como usuarios y será el mensaje más eficaz para desalentar que se pase del automóvil privado al colectivo.

Este 12 de mayo, cerca de cumplirse 15 días de que Jacinto Sosa presentara al Congreso estatal el informe de la situación de la Agencia del Transporte de Yucatán (ATY), el mismo funcionario anunció la instalación de mesas técnicas de trabajo y la realización de un Estudio de Origen y Destino para ordenar el transporte público y atender los rezagos heredados, investigación que pagarán las empresas concesionarias. La medida es a todas luces tardía, puesto que los resultados de una investigación de este tipo debieron guiar la construcción del carril confinado del Ie-Tram, misma que causó severos perjuicios a los negocios instalados en su derroterio y alteró la calidad de vida de los vecinos de esa vialidad.

Hay otras deficiencias, íntimamente ligadas, de las que se habla poco: la capacitación de los conductores, la cual se presumió cuando arrancaron las primeras unidades, y la ausencia generalizada de educación vial entre la población yucateca. A la primera se le achacan las lamentables muertes de personas de todas las edades, por atropellamiento. Lo que no se menciona es que muy probablemente se trata de fallecimientos que pudieron haberse evitado primero por parte de las empresas, certificando la confianza y profesionalización de su personal, y por otro con una fuerte campaña de educación vial dirigida a todos los que empleamos la vía pública independientemente de nuestro modo de movilidad: peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas por igual.

En las calles, el hecho de desplazarse habitualmente en un modo específico debe entenderse como una actividad que conlleva derechos y obligaciones por igual; quienes van a pie o en bicicleta, o más grave, en scooters o vehículos motorizados no contemplados en el Reglamento de Tránsito, deben estar al pendiente de su entorno y también tener muy claro que un vehículo de grandes dimensiones como un autobús articulado no puede detenerse en unos cuantos metros. También, la invasión del carril confinado por parte de los automovilistas se ha evidenciado, sin que hasta el momento se haya hecho pública la aplicación de sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

En suma, garantizar el derecho a una movilidad digna, con un transporte público moderno y profesional, no es sólo responsabilidad del gobierno y los permisionarios, sino que involucra a quienes lo utilizan y a quienes conviven con el servicio en la vía pública, por lo que se requiere de una difusión amplia de las obligaciones de cada uno; eso se llama civismo, y sin él, ningún sistema servirá, por más dinero que se invierta y estudios que se hagan al respecto.

Edición: Fernando Sierra