Elección judicial en Yucatán: oportunidad única

En el marco de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, la cual tendrá lugar este domingo 1 de junio, también se celebrarán procesos locales cuya amplitud dependerá a lo definido por cada estado, pues cada uno debió reformar la Constitución propia y establecer los artículos transitorios correspondientes para definir cuándo, de qué manera y por cuánto tiempo permanecerán en el cargo las respectivas magistraturas de sus Tribunales Superior y de Disciplina, así como jueces y juezas de primera instancia.

Así, mediante un procedimiento novedoso y posiblemente mucho más complejo de lo que se pensó inicialmente, se tiene ahora una oportunidad para intervenir, desde la ciudadanía, en la conformación de un Poder público en cuyo ámbito, históricamente, ha sido sumamente difícil de incidir a través del sufragio individual. La premisa de origen fue que la labor jurisdiccional es una tarea técnica, especializada, y que idealmente no está sujeta a la popularidad, sino a lo que establece la ley.

Esta pretendida sofisticación de togados y togadas ha tenido una consecuencia: la idea generalizada de que la infraestructura del Poder Judicial en general es costosa y que la impartición de justicia está reservada a quienes tienen poder económico, conexiones políticas y además comprenden de leyes, códigos y el vocabulario que en general se emplea en los Juzgados y Tribunales. En otras palabras, que la justicia se encuentra muy lejos del común de la gente.

En algunos casos, particularmente el de Yucatán, la coyuntura se presta para renovar completamente el Poder Judicial y darle un carácter más cercano a las personas que acuden en busca de justicia. 

Desde la reforma al Poder Judicial de Yucatán impulsada por el ex gobernador Mauricio Vila Dosal (publicada en el Diario Oficial en 4 de mayo de 2022), los cambios en la infraestructura física han hecho énfasis la diferenciación entre aquello que es para los dirigentes (Magistrados y Consejeros) y los espacios destinados al público que acude en busca de atención. En el Tribunal Superior (TSJY), por ejemplo, el Salón de Plenos es ahora cerrado, mientras se carece de una sala de espera con comodidades mínimas para las y los litigantes que acuden a las Salas. Los distintos juzgados se encuentran sobrecargados, e incluso los que fueron trasladados a una nueva sede carecen de estacionamiento para el público.

A esto debemos sumar la cuestión de las 11 personas juzgadoras que, sin rendir protesta oficial, desde 2024 ejercen cargos y han dictado resoluciones penales, las cuales podrían ser revocadas (La Jornada, 15 de mayo de 2025). 

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma “a la yucateca” que fue la reforma judicial aprobada por el Congreso del estado, la cual permitió la permanencia, hasta 2036, de seis magistradas y magistrados, que actualmente ocupan la Presidencia del TSJY y de sus cinco Salas. De prosperar la queja, estas magistraturas deberán renovarse en el mismo proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras de primera instancia, por lo que la transición del Poder Judicial de Yucatán a una conformación basada en la elección popular durará tres años, que a la vez debe ser tiempo suficiente para que se exija una mayor cercanía con la población en general y que las personas que acuden en busca de justicia sean en adelante la prioridad de las autoridades judiciales, y esa exigencia debe expresarse con el voto.

Edición: Fernando Sierra