Opinión
Felipe Escalante Tió
27/05/2025 | Mérida, Yucatán
Este domingo, finalmente, tendrá lugar la jornada electoral correspondiente a la elección judicial extraordinaria, mediante la cual iniciará un procedimiento de reconfiguración del Poder Judicial Federal y los estatales, cambiando el modelo de integración de la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Superiores y de Disciplina, así como juzgados de primera instancia, pasando de la propuesta del Ejecutivo que debía sancionar el Legislativo, a un modelo que requiere de la participación de la ciudadanía.
Por el modo en que se dio la reforma constitucional para transformar el Poder Judicial, a raíz de una tensión constante entre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la oposición se ha manifestado en contra de esta elección, dando pie a una campaña que ha encontrado argumentos para inhibir la asistencia a las urnas, básicamente apelando a fomentar la falta de compromiso individual como ciudadano.
En efecto, además de difundir que “la elección ya está hecha” y prácticamente todos los nombres para los 881 cargos en disputa en la Judicatura federal, y los 4 mil 362 en los 19 estados que han iniciado la transformación de sus Tribunales Superiores y la conformación de sus Tribunales de Disciplina, es constante escuchar que “es un engaño”, “quieren que votemos por desconocidos”, “es para que la 4T capture al Poder Judicial”, entre otras consignas. Curiosamente, no votar permitiría cualquier intervención para definir esos más de 5 mil puestos en juego y dejar toda la estructura de la impartición de justicia en manos de unos cuantos. Esto es lo que más debiera preocuparnos, pues nadie está exento de encontrarse como parte de un proceso judicial, en cualquiera de sus materias.
Por eso, nada mejor que el voto individual informado. Se trata, en efecto, de unos comicios sumamente complejos y la cantidad de cargos en disputa dificulta el acceso al conocimiento de lo que hará cada una de las personas que resulten electas. Los foros, entrevistas radiofónicas o incluso las páginas de periódicos como éste han resultado insuficientes para poder comparar propuestas individuales. Así, queramos o no, la mejor opción como ciudadanos es entrar al portal del Instituto Nacional Electoral (INE), a la estrategia Conóceles, Practica y Ubica (CPU), y al del respectivo Organismo Público Local Electoral (OPLE), para al menos revisar las fichas de cada candidato.
Sí, hacer una revisión exhaustiva implica pasar varias horas frente a una pantalla, pero aquí es cuando, para elegir, es posible establecer criterios propios para seleccionar a quienes nos parezcan los mejores perfiles. Hay quien ya ha hecho públicos los suyos, adelantando que votará por quienes se encuentren en funciones dentro del Poder Judicial; es una apuesta, pero ya implica una decisión individual y el reconocimiento de una responsabilidad ciudadana.
Otro criterio es guiarnos por el Poder que postula. Aquí es posible hallar a quienes cuentan con el respaldo de los tres; son los menos, pero no deja de ser una indicación de que se trata de alguien con una trayectoria sólida. También habrá quien no quiera votar por las tres ministras de la SCJN que buscan permanecer en su cargo, y será una opción válida siempre que quede manifestada en la boleta correspondiente.
Pero así como existe la opción de buscar a quienes tengan trayectoria dentro del Poder Judicial es igualmente válido brindar el voto a alguien “de fuera”, proveniente de la práctica privada. Esto porque quienes se han dedicado al litigio requieren estudiar leyes y códigos para exponer ante los jueces el fundamento legal para el beneficio de sus representados, o en su caso reclamar ante las instancias federales el debido amparo. Es decir, la carrera judicial no es solamente la que poseen quienes trabajan en juzgados y tribunales. Igualmente, quien quiera hacer un ejercicio de memoria y descartar a quienes ya han pasado por otros cargos políticos, tienen la oportunidad de expresarlo.
En la CPU se expone, en sendas fichas, la visión de justicia de cada participante en la elección, así como un breve plan de acción. Aquí, lo mismo hay quienes manifiestan que el servicio es su prioridad como quienes, descaradamente, declaran que buscan ascender, culminar su carrera o que “están más preparados que un chicharrón” para una nueva encomienda. Como ciudadanos podemos concentrarnos en aspectos más específicos: quién busca la profesionalización y más capacitación para el personal, el fortalecimiento de la institución; quiénes ofrecen su experiencia en una rama específica del Derecho, como la justicia laboral; quiénes dan prioridad a la perspectiva de género. Alguien pudiera descartar a un candidato porque su ficha está escrita en mayúsculas, como para omitir tildes, y prefiera a alguien que respete la ortografía porque la tiene como indicador de profesionalismo. Todos podemos, y debemos, responsabilizarnos por nuestros criterios de selección. Así, armados de paciencia, es posible armar nuestra lista individual, un “acordeón” creado por nosotros mismos, y cerrarle la puerta a cualquier otra injerencia.
Puede, entonces, que la asistencia a las urnas sea mucho menor que en las elecciones presidenciales o parlamentarias, pero habrán acudido ciudadanos dispuestos a exigir la rendición de cuentas, y eso sí será un avance democrático.
Edición: Fernando Sierra
