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Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Para quienes ejercemos el periodismo en México, los artículos sexto y séptimo de la Constitución han sido la piedra angular de la profesión. Uno establece la libertad para manifestar ideas, sin más límite que el ataque a la moral, la vida privada de las personas, los derechos de terceros, o cuando éstas provoquen algún delito o perturben el orden público; el otro resalta que la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, es inviolable, de manera que ninguna autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión.

La vinculación a proceso contra el periodista jubilado Jorge González Valdez, a quien se le prohibió ejercer la profesión por dos años, por supuesta incitación al odio contra la gobernadora campechana, Layda Sansores San Román, debe ser analizada precisamente en un juicio de garantías individuales. En otras palabras, la parte acusadora (el gobierno de Campeche) debe demostrar de manera contundente que en las publicaciones de González Valdez existe o se pretende crear el sentimiento de odio contra la mandataria de esa entidad y, en su caso, que ésta sufre una afectación real a causa de lo publicado.


Es por esto que la afirmación de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en cuanto a que “todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión no debe ser castigado, y menos penalmente”, resulta valiosa tanto por asumir esta defensa como un asunto propio como por la destinataria del mensaje: Layda Sansores. No olvidemos que la hoy mandataria campechana ocupó la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en 2018, justo cuando Sheinbaum llegó a la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Es decir, es parte de su red dentro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por otro lado, quedan serias dudas sobre cómo está vinculado González Valdez con el periódico Tribuna, ya que su relación laboral con este medio concluyó en 2016, como para seguirle una causa judicial a ambos. 

La jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, ha indicado que González Valdez y Tribuna incurrieron en el asedio y ataque a Sansores San Román no por su labor al frente del gobierno de Campeche, sino por su físico y acciones personales, lo que sí podría dar pie a un procedimiento jurisdiccional; sin embargo, hay un principio que balancea la ecuación, que es el de escrutinio a toda persona que se desempeñe como autoridad o, como vimos en el pasado proceso electoral, incluso desde que un individuo aspira a un puesto de elección, debe aceptar que se escudriñarán aspectos de su vida que hasta hace pocos años eran considerados parte de la esfera privada.

En Campeche, el tema irá creciendo en los próximos días, sobre todo ahora que la alcaldesa de la capital, Biby Rabelo de la Torre, anunció que también tomará medidas contra medios digitales que se han concentrado en ridiculizar su vestimenta, su cuerpo, y le han creado chismes de amores y hasta embarazos; burlándose igualmente de su gusto por el baile y hacer videos. De ser así, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, podría también demandar a quienes lo dibujan como trovador, pegado a su guitarra. Los dominios de la sátira son otros: expresar lo que podría ser y mostrar a los poderosos como personas comunes, humanos a fin de cuentas.

Pero también nos encontramos en un momento en el cual los medios tradicionales no tienen la misma fuerza que en la última década del siglo pasado. El lenguaje de la sátira política ya no se limita a los caricaturistas en los periódicos, pero también se ha avanzado en la posibilidad de escudriñar en la vida privada de las personas, y de hecho se les margina de poder ser elegidas si tienen antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudas de pensión alimenticia.

Idealmente, el periodismo de opinión debe centrarse en los actos de los gobernantes, y a su vez estar respaldado por las investigaciones que realizan los reporteros. Hacer caricatura de personajes políticos debiera ser también una actividad ceñida a la ética. Sin embargo, cuando pasamos a memes y otras expresiones que circulan en el ámbito digital, lo periodístico se desfigura y entramos al terreno de la difusión de ideas y la libertad de expresión.

Entonces, como hace ya más de siglo y medio, nos encontramos en un momento en el cual la libertad de expresión y la difusión de ideas requieren de un nuevo abordaje para garantizar que la crítica fundamentada sea respetada, y que especialmente llame a la ciudadanía a enfocarse en la labor de los gobernantes, pero también a que los excesos sean sancionados con justicia y no por consigna.


Lea, de la misma columna: Una prensa sin 'Tribuna'

Edición: Fernando Sierra


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