Opinión
La Jornada Maya
17/07/2025 | Mérida, Yucatán
En el conflicto que hoy sacude al transporte público de Yucatán, hay un ausente imperdonable: el usuario.
Desde hace días, los concesionarios del sistema Va y Ven han lanzado un ultimátum: reducirán hasta en 50 por ciento la operación de sus unidades si el gobierno estatal no les paga lo que, aseguran, se les debe por los servicios prestados. La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), por su parte, ha respondido con una narrativa ya conocida: culpar al pasado. Se compromete a recibir a los empresarios inconformes, pero repite, que heredó un sistema colapsado, financieramente inviable, mal diseñado y sin planificación técnica.
Dos actores en escena —los concesionarios y el gobierno— se acusan y se presionan mutuamente. Uno defiende sus intereses económicos; el otro, su capacidad de gestión. Pero en esta disputa entre el capital y el poder, entre los cobros pendientes y los diagnósticos estructurales, nadie ha hablado del usuario.
El ciudadano que madruga para llegar al trabajo. La madre que depende del camión para llevar a sus hijos a la escuela. La persona mayor que se traslada al centro de salud. Todos ellos, los verdaderos protagonistas del sistema de transporte, han sido convertidos en figurantes de una obra ajena, espectadores pasivos de decisiones que se toman lejos de sus necesidades, sin su voz, sin su realidad.
Es cierto que el transporte público yucateco arrastró durante décadas vicios históricos: una red desarticulada, rutas ineficientes, vehículos obsoletos y condiciones laborales precarias para los operadores. En ese contexto, la implementación del sistema Va y Ven representó un cambio radical: dotó al estado de unidades dignas, modernas y mucho mejor equipadas —particularmente más accesibles para personas con discapacidad— y sentó las bases para una transformación profunda del modelo de movilidad.
¿Tiene áreas de mejora? Sin duda. Pero lo que no puede permitirse es retroceder. Ninguna visión reduccionista, ni la avaricia empresarial, ni la estrategia política, debería poner en riesgo los avances logrados. Cualquier transformación futura debe seguir construyéndose desde una brújula clara: el bienestar de las personas usuarias. Un servicio digno, eficaz, constante, seguro y financieramente sostenible no es un lujo: es una necesidad social y un derecho ciudadano que los yucatecos no deben perder.
Transformar el transporte público en Yucatán exige mucho más que saldar cuentas o modernizar unidades. Exige escuchar a quienes lo usan todos los días. Diseñar rutas que respondan a sus trayectos reales. Establecer tarifas accesibles y transparentes. Garantizar frecuencias confiables. Y ante todo, asumir que el transporte no es un negocio para enriquecerse ni un botín para ganar simpatías políticas. Es un derecho que impacta directamente en la calidad de vida de las personas.
Mientras los empresarios piensan en rentabilidad y el gobierno en control político, el pasajero sigue esperando en la esquina. Invisible, ignorado. Un fantasma que, si no se vuelve el centro de la conversación, condenará a todo el sistema a seguir fracasando, por muy moderno que parezca.
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Edición: Estefanía Cardeña
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