Opinión
La Jornada Maya
23/07/2025 | Mérida, Yucatán
El Operativo Liberación, que se desarrolla en los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, ha requerido el despliegue de más de 2 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional. Desde su inicio el pasado 6 de julio, según dio a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han cateado 52 predios en los cuales el grupo delincuencial identificado como La Familia Michoacana Pública y hasta el momento ha detenido a ocho personas.
Los números ofrecidos por el funcionario no rebasan la decena, pero son suficientes para dar una imagen del tamaño de la organización que se combate, así como del poder que ha acumulado en el último cuarto de siglo; suficiente para corromper a la sociedad en las tres entidades donde se lleva a cabo el operativo que oficialmente es contra la extorsión.
Lo hallado hasta el momento es sintomático de la descomposición social que se vive en esos estados y también otras partes del país. Los delitos que han resultado son contra la salud, secuestro y extorsión; este último en un amplio espectro, pues los cateos han incluido domicilios particulares, comercios y oficinas sindicales; es decir, hogares y sitios en los cuales se activa la economía local. Sobre las personas arrestadas, García Harfuch expresó que están identificadas “como responsables de realizar actividades de ‘tipo gerencial’”.
El modo de operar es relativamente simple: obligar a la adquisición de productos básicos y servicios al precio que la organización exige. En otras palabras, es el cobro de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) paralelo y sin distinción, que llega en algunos casos al 70 por ciento. El control es todavía sobre el abasto de carnes de res, cerdo y pollo, al igual que el huevo, pero también sobre materiales de construcción; desde el cemento, grava y varillas, hasta el aluminio para las ventanas. Quien quisiera obtener estos insumos en otro lugar se exponía a la violencia.
El poder de “persuasión” que se pretende combatir con este operativo es muy grande. Consideremos que para infiltrarse en 14 municipios del Estado de México lo hicieron controlando el transporte de alimentos y los puntos de venta al consumidor final, así como a sindicatos de trabajadores de la construcción y de taxistas, que han terminado por convertirse en asociaciones paradelincuenciales: no pertenecen formalmente a La Familia, pero ésta interviene en la economía local formal a través de ellas.
Desmantelar la organización delictiva requiere del uso de la inteligencia y de los cuerpos de seguridad competente. Arreglar el grado de infiltración será tarea de varias instituciones de todos los niveles de gobierno, pero también de los apoyos pertinentes para prevenir venganzas en las poblaciones donde se ha realizado el operativo. Liberación debe ser sinónimo de un nuevo inicio, esperanzador para quienes han estado viviendo sojuzgados por un grupo criminal.
Habrá que emprender acciones para depurar los sindicatos de taxistas y constructores, pero también ofrecer oportunidades de reinserción para quienes colaboraron con el crimen organizado. Algo similar habrá que hacer para los comercios, agricultores y ganaderos, para que puedan recomponerse la producción, traslado de animales y venta de alimentos, sin más impuestos que los que cobra el Estado. La hoja de ruta hacia el orden sin crimen debe plantearse de acuerdo a la complejidad del problema que actualmente se combate.
Edición: Fernando Sierra
