Opinión
Normando Medina Castro
06/08/2025 | Chetumal, Quintana Roo
La Reforma Electoral debe tener como punto medular, más que el financiamiento público de los partidos políticos del país, el específico de las campañas a puestos de elección popular, así como los topes de gastos que establece la autoridad electoral, mismos que actualmente están muy alejados de la realidad y con eso abren paso a la colusión con poderes fácticos antidemocráticos, entre los que se cuenta el crimen organizado.
El costo real de las campañas políticas es muy superior al estimado por las autoridades electorales federales y locales para otorgar el financiamiento público y determinar topes de gastos de las y los candidatos. Ese divorcio con la realidad y la incapacidad operativa de los institutos electorales, hace prácticamente imposible la fiscalización estricta e imparcial de los verdaderos gastos de campaña y su procedencia.
La democracia mexicana está corrompida desde hace muchos años. En la actualidad es imposible que una persona virtuosa, honesta, preparada y con capacidades políticas y administrativas, pero carente de recursos económicos personales, gane un cargo de elección popular sin padrinazgos y sin rendirse ante “operadores financieros”.
En las elecciones de 2022 el Instituto Nacional Electoral destinó para las campañas a gobernador de seis estados, una bolsa de 378 millones 600 mil pesos de financiamiento público. El tope de gastos de campaña a la gubernatura, en Aguascalientes fue de 23.3 millones de pesos. En Durango fue de 63.5 millones de pesos, en Oaxaca 44 millones, en Hidalgo 47.2 millones, en Tamaulipas 19 millones, por citar algunos ejemplos. El mismo 5 de junio de 2022 hubo elecciones de gobernador y diputados locales en Quintana Roo. Ese año el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ejerció un presupuesto total de 408 millones 522 mil 319 pesos, lo cual incluye sus gastos operativos y el pago de prerrogativas a los partidos políticos y financiamiento público de las campañas. En opinión de ex candidatos y personas vinculadas a campañas políticas, el gasto real para aspirar a ganar la gubernatura quintanarroense es de alrededor de mil millones de pesos, porque penosamente las mayorías defraudadas tantas veces, ahora hacen todo por dinero. No basta convencer, hay que pagar. Morena y el Partido Verde tienen el poder y los recursos, los programas sociales y sus operarios, todas las estructuras a su disposición. La Reforma Electoral debe garantizar equidad para sanear la democracia mexicana, desterrar los abusos, corrupción, perversiones, cerrar la puerta de las elecciones al crimen organizado. En una sociedad con pocos valores con muchas personas que todavía venden su voto, con estructuras de promoción y organización pagadas, y con una oposición sin credibilidad y sin calidad moral ni humana, es muy complicado, pero urgente.
La mayoría de la demanda de empleos para prestadores de servicios turísticos de Benito Juárez y en general el norte de Quintana Roo, se satisface a través de la CROC y la debilitada CTM. Por eso las connotaciones de
la ejecución del dirigente croquista Mario Machuca hace pocos días, son delicadas, graves. La situación se complica aún más cuando el dirigente sempiterno de la CTM en esa demarcación, Isidro Santamaría, asegura que ha recibido presiones para entregar su sindicato a la CATEM de Pedro Haces, y acusa persecución política de la Fiscalía General del Estado. En fin son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡Hasta la próxima!
Edición: Fernando Sierra
