Política
La Jornada
02/09/2025 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió ayer su
primer Informe de gobierno al pueblo de México con un mensaje en el cual destacó el carácter colectivo del proyecto que encabeza, el hecho de haber contado con las bases sentadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la justicia social como motor de su administración y del movimiento que lidera y la acompaña. En este sentido, los logros que presentó en Palacio Nacional pueden resumirse en el cumplimiento del lema “por el bien de todas y todos, primero los pobres”, bajo los principios de la prosperidad compartida, el humanismo mexicano y la austeridad republicana.
La reducción histórica de la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de la soberanía energética, el combate a la delincuencia, la estabilidad económica en un entorno global entre desafiante y adverso, el impulso al desarrollo, la nueva era abierta en materia de infraestructura vial, el papel del Estado como eje de la innovación, las acciones para subsanar la deuda centenaria con los pueblos indígenas y la reducción acelerada de los delitos de alto impacto fueron algunos ejes del discurso de la mandataria. No puede omitirse la magnitud de los programas sociales, que ya benefician a 32 millones de familias, ni el hecho de que muchos de ellos ya estén plasmados en las leyes, incluso con rango constitucional, aspecto crucial que los diferencia del clientelismo impuesto por los gobiernos neoliberales, los cuales daban migajas con una mano mientras empobrecían a las grandes mayorías con la otra.
Las acciones reseñadas por la Presidenta y las transformaciones legislativas emprendidas en estos meses (19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes) dan cuenta de que, en la actualidad y por primera vez en décadas, existe en México un verdadero proyecto de nación, el cual puede no gustar a determinados grupos y presentar fallos puntuales de concepción o ejecución, pero es claramente distinto de los paquetes de negocios para las élites que se hicieron pasar por proyectos de nación en el periodo neoliberal. La manifiesta existencia de un plan que incluye a todos los mexicanos puede considerarse el principal factor para explicar los inéditos niveles de aprobación con que cuenta la titular del Ejecutivo, que se mantienen en 79 por ciento y son sólidos en todos los sectores, sin importar género, edad, escolaridad ni afiliación partidista. Resalta, por ejemplo, que el trabajo de la Presidenta tiene más de 60 por ciento de valoraciones positivas entre los simpatizantes de los tres partidos políticos opositores.
Aunque no se trate de un resultado directo de la acción gubernamental, debe destacarse que, como uno de los frutos sustanciales de la transformación en curso, unas horas después del mensaje presidencial tomó posesión la nueva directiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por un indígena, y que despierta esperanzas en una época de impartición de justicia con sentido nacional, social y popular.
Estamos, en suma, ante un acuerdo nacional respaldado por ocho de cada 10 ciudadanos, es decir, de una verdadera unidad en torno a un proyecto que recibe críticas específicas, pero genera consenso en lo fundamental incluso entre las clases y grupos que antaño abrazaron con entusiasmo el modelo neoliberal. Hoy, más que en ningún momento de los recientes siete años, queda claro que el discurso de la “polarización” no parte del análisis de la realidad, sino de la desesperación de las derechas partidistas, mediáticas y empresariales ante la irrelevancia a la que se han condenado por su corrupción y su incapacidad para responder a las necesidades y anhelos populares.
Ante el respaldo abrumador al programa de transformación en curso, que se implementa en todos los ámbitos mediante acuerdos con los principales sectores del país, es necesario prestar atención a los riesgos externos, con obvia preminencia de las cada vez más delirantes actitudes del gobierno estadunidense; y con mayor razón el actual gobierno debe combatir en sus filas la autocomplacencia, la soberbia, el triunfalismo y el olvido de los principios por parte de la administración y del partido que la respalda. Funcionarios, representantes y dirigentes partidistas deben evitar esos vicios y escuchar siempre al pueblo, único depositario de la soberanía.
Edición: Estefanía Cardeña