En torno al aumento del predial y la confrontación estéril

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, propuso en meses pasados aumentar los valores catastrales usados para calcular el impuesto predial. Dicha actualización implicaba un alza del impuesto predial para los contribuyentes. Por su parte, el Congreso del Estado, controlado por Morena y aliados, rechazó la actualización mediante una reforma al artículo 46 de la Ley de Hacienda Municipal. Patrón Laviada decidió enviar una controversia constitucional impugnado la decisión. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue validar el rechazo bajo el argumento que la actualización catastral propuesta, adolecía de justificación técnica/social suficiente, pues su aplicación inmediata podría generar efectos desproporcionados sobre la población.

Se trata una vez más de un debate interesante pero que sin lugar a dudas no dejará satisfecho a todos. Existen pros y contras del aumento al predial. Entre los primeros podemos citar que 1) el predial es una fuente local de ingresos que permite que el municipio pueda financiar servicios públicos como alumbrado, pavimentación, mantenimiento de calles, parques, infraestructura, seguridad, etc. Un valor catastral actualizado puede reflejar mejor el valor real del suelo y las construcciones, lo que permite capturar algo más de la plusvalía que ya existe; 2) Equidad tributaria. Es innegable que algunos predios han incrementado mucho su valor (por desarrollos inmobiliarios, urbanización, plusvalía creciente), mantener valores antiguos puede generar distorsiones. Actualizar valores podría verse como una forma de repartir la carga de forma más justa. 3) Autonomía municipal. La alcaldesa argumentaba que la facultad de actualizar los valores catastrales y fijar tablas de valor para suelo y construcción es parte de la autonomía hacendaria del municipio, un componente importante del federalismo y de la capacidad de los gobiernos locales para responder a sus necesidades.

Ahora veamos la otra cara de la moneda, es decir los contras: 1) Impacto en la economía de la población. Un aumento en el predial significa cargas adicionales para los propietarios de vivienda, muchas de las cuales han visto afectadas sus finanzas por la inflación, el alza de precios en bienes básicos, los servicios, etc. En muchos casos el valor catastral sirve de base, y si ese valor sube mucho, el impuesto podría subir de forma que resulte oneroso a familias de ingresos medios o bajos; 2) El fantasma de la gentrificación. La resolución de la SCJN hizo mención específica de que aumentos desproporcionados en los valores de suelo y construcción pueden generar efectos de gentrificación, es decir, que los hogares de menores recursos, comunidades indígenas o mayas se vean desplazados o imposibilitados de mantenerse en sus predios por los costos crecientes; 3) Beneficios desiguales: los servicios o mejoras no siempre se entregan de manera equitativa en todas las colonias y comisarías. Si la mayor parte del recurso tributario va a zonas ya favorecidas, el aumento puede sentirse como injusto por quienes no ven retorno en infraestructura, alumbrado, pavimentación, etc.; y finalmente, 4) Costo político. En tiempos de crisis económica, altos costos de vida, inflación, etc., incrementar impuestos puede generar descontento, desgaste político, protestas y por supuesto preocupación de los ciudadanos. 

Más allá del debate político y los tecnicismos del mismo, el caso nos parece interesante por lo que muestra en términos de la cultura del debate, participación ciudadana y lógicas de gobernanza.

El tema resalta la necesidad de transparencia técnica; para que un aumento del predial sea percibido como justo, los ciudadanos requieren saber cómo se estiman los valores catastrales, qué criterios se usan, cuáles son los impactos, quiénes se verán más afectados. Información clara y accesible ayuda a evitar desconfianza y rumores de aumentos arbitrarios. En el caso de Mérida se han reportado reclamaciones de ciudadanos que sienten que los aumentos son “desproporcionados” o “injustos”. Ello va acompañado de cierta participación ciudadana; es imperativo que los afectados puedan participar, opinar, revisar propuestas, que haya foros, comparecencias, que los medios de comunicación y las organizaciones sociales puedan mostrar el impacto real en sus comunidades. Esta participación fortalece la legitimidad de las decisiones.

Lo anterior implica una sociedad informada. Ante este tipo de medidas es esencial que los ciudadanos puedan evaluar las propuestas objetivamente, sin que haya solo “escuché que sube”, sino “me explicaron cuánto subiría mi predial, me mostraron las tablas, los criterios”. Los medios deben cumplir su rol de análisis y los organismos autónomos o expertos independientes deben aportar estudios. Valdría la pena observar como en muchas democracias se opta por aplicar aumentos graduales, escalonados, con exenciones o subsidios para quienes tienen menor ingreso, etc. Medidas complementarias que permitan suavizar el impacto inmediato, pero que permitan al municipio mantener las finanzas necesarias para operar. 

Lo que hemos testimoniado es justo lo contrario. Se nota ya una polarización de corte partidista, donde cada partido aprovecha la agenda. El PAN defendiendo autonomía municipal y capacidad recaudatoria. Morena alegando justicia social y protección de los más vulnerables. Esto es normal, pero una vez más está derivando en confrontaciones estériles. Los partidos tendrían que proponer no solo críticas, sino alternativas: por ejemplo, formas de actualización gradual; exenciones para ciertas colonias o personas; descuentos para quienes cumplen pronto; planes para mejorar los servicios que justifiquen los impuestos; mecanismos de revisión para prevenir abusos u omisiones. 

El debate sobre elevar el predial en Mérida no es simplemente uno técnico o meramente recaudatorio; es una conversación sobre justicia fiscal, desarrollo urbano, derechos de comunidades vulnerables, autonomía municipal, responsabilidad política y transparencia.

El reciente fallo de la SCJN pone en evidencia que la Constitución exige que los impuestos locales, como el predial, no solo respondan a necesidades de ingreso, sino que lo hagan bajo criterios de proporcionalidad, equidad y con sensibilidad frente al impacto social. Esto obliga a las autoridades municipales a ser más cuidadosas, más dialogantes, más técnicas, más transparentes. Para que Mérida avance con buena gobernanza, sería ideal que este debate no se reduzca a posiciones partidistas, sino que se convierta en un espacio donde se elaboren propuestas concretas, evaluadas públicamente, que equilibren la necesidad de ingresos con la protección de quienes más lo necesitan, con un compromiso real con la mejora de los servicios públicos que justifiquen los pagos.

Edición: Fernando Sierra