La secretaria maniatada

Como era de esperarse, el Tren Maya se está convirtiendo en el símbolo inescapable de las contradicciones e inconsistencias del Estado mexicano como formulador y ejecutor de la política ambiental nacional. En su reciente comparecencia ante el Congreso, la secretaria Bárcena tuvo que responder a la demanda de representantes de partidos minoritarios, que exigían saber qué espera hacer la Semarnat frente a los que ya han sido reconocidos como daños ambientales generados por las obras relacionadas con el famoso ferrocarril. En su respuesta, además de detallar explicaciones técnicas acerca de por qué y cómo hay que reevaluar los impactos de estas obras, ha dicho algo que resulta particularmente ilustrativo: “Ya estaba el tren cuando llegamos. No podemos decir: ‘es que no lo queremos’. Ahí está”. Tiene razón, desde la exclusiva perspectiva de la autoridad ambiental responsable. Quizá muchos diríamos: “es que no lo queríamos”, o al menos, no así. Pero en efecto, ahí está.

La doctora Bárcena ha dejado claro, especialmente de cara a los señores diputados, responsables de la asignación de recursos para la ejecución de las políticas públicas formuladas por el Ejecutivo, que sin una dotación suficiente de dineros en el presupuesto de egresos, será imposible llevar a cabo las tareas de restauración del deterioro ambiental que requieren los ecosistemas nacionales para garantizar su sustentabilidad, y con ello, su eficacia como base natural del bienestar del pueblo, su seguridad alimentaria e hídrica, y sus aspiraciones de justicia climática. Tampoco existirá la capacidad institucional para satisfacer lo que se ha ofrecido al mundo como condiciones nacionalmente determinadas en la pugna contra los efectos del cambio climático global; ni se contará con los elementos que permitan garantizar la conservación y protección del patrimonio natural de la nación.

Ante la continua tendencia de recortes a los recursos asignados al sector ambiental, no sorprende que la secretaria se sienta maniatada. Sabe lo que se tiene que hacer, pero sabe que no podrá reportar demasiados resultados relevantes en tanto que los dueños de las curules sigan regateando los recursos destinados al medio ambiente. Me parece indiscutible la existencia de un abismo infranqueable entre el contenido de los discursos ambientalistas del estado mexicano, y su disposición para emprender las acciones concretas que el creciente deterioro de los paisajes mexicanos demanda.

La distancia que se aprecia entre el discurso acerca de la necesidad de proteger el patrimonio nacional de México, y los recursos que se asignan para hacerlo eficazmente va más allá de simplemente desdeñar un sector de la cosa pública: una nación que no logra construir paisajes sustentables mediante la salvaguarda de sus bases naturales no podrá tampoco consolidar un arreglo social que contemple el bienestar de los dueños de la tierra y aguas donde esos paisajes pueden en efecto erigirse. No se logrará que en ellos se produzcan los bienes diversos y suficientes que se requieren para lograr una seguridad alimentaria e hídrica viable. Será menos que imposible contar con el acceso adecuado a los materiales y la energía necesarios para satisfacer las necesidades de una sociedad moderna y creciente. Se carecerá de los sistemas capaces de capturar las cantidades de carbono atmosférico que tendrían que respaldar el cumplimiento de las condiciones que México ofrece para contrarrestar el volumen de gases de efecto invernadero que sus actividades emiten al entorno. En pocas palabras, si no se comienza por salvaguardar la integridad de nuestro patrimonio natural, toda pretensión de desarrollo se convierte en una simple quimera o, cuando menos, en pequeños logros de corto plazo, capaces de generar riqueza para unas cuantas manos, pero insuficientes para garantizar la sustentabilidad nacional y el bienestar de la gente.

La tan reiterada consigna de que “somos un país libre y soberano” quedará solamente como ruido entre el follaje, a menos que se vea respaldada en lo concreto por políticas públicas dotadas de presupuesto, que permitan la ejecución eficaz de un programa ambiental robusto. Otra consigna que escuchamos con frecuencia casi cotidiana es que “sin maíz no hay país”. Más allá del hecho de que merece la pena precisar que “sin maíces no hay país”, en virtud de la diversidad del grano y el hecho de que el territorio mexicano haya sido su sitio originario, también habría que traducir el símbolo al vasto universo de la biodiversidad presente dentro de nuestras fronteras.

El curso que han seguido las asignaciones presupuestales autorizadas por los diputados a lo largo de cuando menos las últimas dos décadas parece indicar que el estado mexicano considera que la política ambiental es una actividad suntuaria y prescindible. Esto hace seguramente que la labor de la secretaria Bárcena exija una resistencia férrea ante la frustración: tendrá que levantar una y otra vez su autorizada voz para insistir en que no, que la conservación del patrimonio natural no es un lujo, sino la base material del desarrollo; que la biodiversidad no es un juego de niños, ni una exigencia estética, sino la base de la seguridad alimentaria; que la preservación de la cobertura forestal remanente y el freno a la frontera agropecuaria no son meros caprichos de ambientalistas románticos, sino la garantía de que se cuenta con la capacidad de enfrentar las consecuencias del cambio climático global y contribuir a abatir la crisis hídrica del país. La doctora Alicia Bárcena cuenta con el respaldo de muchas voces que piensan, como ella, que los paisajes mexicanos merecen ser protegidos, conservados y restaurados cuando así lo requiera el deterioro que ya han sufrido.

Edición: Fernando Sierra