Opinión
Julio Hernández López
29/10/2025 | Ciudad de México
Con obstrucciones en carreteras y movilizaciones en varias partes del país, y negociaciones en oficinas de la Ciudad de México, productores de maíz demandan un precio de garantía (7 mil 200 pesos por tonelada) superior al ofrecido por la administración Sheinbaum (6 mil 50 pesos por tonelada).
Ayer, en entrevista, Armando Ramírez y Guillermo Barajas, quienes forman parte de la Asociación Civil de Maestros y Productores de Maíz de la zona de Ciénega de Jalisco y Michoacán, señalaron que el trabajo de los agricultores es muy mal pagado, mientras acaparadores, intermediarios y grandes empresas tienen grandes ganancias. Esa cadena desemboca en firmas como Maseca, Minsa, Cargill y Sabritas, “las cuales dan a ganar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos por tonelada a los acaparadores, sólo por el vínculo” (
https://goo.su/JYuwOJ0).
El gobierno claudista, apuntaron, podría construir bodegas para que los agricultores almacenen el maíz y lo vendan de manera directa a los grandes compradores, sin intermediarios ni bodegueros privados, pero esa y otras propuestas no avanzan.
Llama la atención que una de las principales empresas favorecidas por esta cadena injusta sea Minsa, empresa privatizada en 1993 a favor de Raymundo Gómez Flores, un empresario priista que ocupó cargos legislativos y fue ampliamente beneficiado por el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari. Su hija, Altagracia, es ahora una pieza fundamental del tejido neoliberal de la administración Sheinbaum, como asesora presidencial y titular del Consejo Asesor Empresarial (algo parecido propuso y encabezó Ricardo Salinas Pliego durante el obradorismo, aunque sin fuerza real).
Minsa es “el segundo productor más importante de harina de maíz nixtamalizado en México. La compañía inició operaciones el 19 de octubre de 1993, después de la adquisición de ciertos activos y algunos pasivos de Maíz Industrializado Conasupo, SA de CV (Miconsa), que es el productor de harina de maíz nixtamalizado propiedad del gobierno y como parte de la privatización de Miconsa efectuada por el Estado”, refiere la página oficial de la empresa. La presidenta del consejo de administración es Altagracia Gómez Sierra, la asesora presidencial (
https://goo.su/mHoYzb).
En otro tema, la presidenta Sheinbaum decidió hacer saber al embajador de Estados Unidos en México los desacuerdos respecto a las acciones de la administración Trump contra embarcaciones en el Caribe, que son eliminadas, junto con sus tripulantes, porque en Washington así fue decidido, sin respeto alguno a leyes, procesos, tratados o convenios.
Asesinatos sin atenuantes que impone el supuesto rey de la selva, Donald Trump, en un abierto abuso de la fuerza para imponer un cambio de gobierno en Venezuela. Concentración impresionante de recursos militares en las inmediaciones del país presidido por Nicolás Maduro para derrocarlo e instalar al políticamente tan manejable Edmundo González (que fue reblandecido candidato presidencial) y al poder tras el trono opositor, Corina Machado, convenientemente designada como Premio Nobel “de la Paz”.
Ante la avasallante voluntad exterminadora de Trump, que no quiere que haya ni un suspiro con aire de reticencia ante sus acciones criminales, resalta el llamar a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores al boina verde y ¿ex? miembro de la CIA, Ronald Johnson, para hablar de las operaciones marítimas del país imperial contra embarcaciones en aguas internacionales. La Marina mexicana, por su parte, realizó tareas de rescate de un sobreviviente de los ataques gringos del día, que implicaron 14 muertes.
No es de suponerse que la voz del canciller De la Fuente hubiese sido especialmente enérgica, ni la del secretario de Marina, pero el gesto mexicano es una mínima señal de esperanza de respeto básico a normas internacionales humanitarias. A ver si el habitante de la Casa Blanca no se lo toma demasiado a mal. ¡Hasta mañana!
Edición: Estefanía Cardeña
