Opinión
M. Antonieta Saldívar Chávez
02/11/2025 | Mérida, Yucatán
El 17 de septiembre de este año se publicó el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025–2030. Este documento marca un punto de inflexión en la manera de entender la ciencia y su relación con el desarrollo nacional. No se trata solo de un programa administrativo, sino de una apuesta por reordenar la gobernanza del conocimiento en México, colocando a la investigación y la transferencia tecnológica y de conocimiento al servicio del bienestar social.
El Sistema Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SNCHTI) se concibe como un espacio articulado y corresponsable. Como sabemos, desde diciembre de 2024 desapareció el CONAHCYT para dar paso a un nuevo diseño institucional. La conducción de la política pública en materia de ciencia recae ahora en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), una dependencia de Estado con atribuciones explícitas para coordinar, planear y evaluar las políticas del sector. Este cambio institucional no es menor: significa pasar de una lógica de programas dispersos a una visión de gobernanza colaborativa, donde la investigación se vincula con los grandes desafíos nacionales, regionales y locales.
El documento reconoce que la ciencia mexicana ha crecido de manera desigual. La concentración de recursos en pocas instituciones y regiones ha limitado la capacidad del país para aprovechar plenamente su talento científico y tecnológico. Por eso, el nuevo enfoque enfatiza la coordinación intergubernamental y la colaboración interinstitucional. Al menos en el propósito, se busca construir un sistema nacional verdaderamente federal, donde los estados y municipios, junto con las instituciones educativas, los centros públicos de investigación y los sectores social y privado, puedan participar activamente en la definición y solución de los problemas del país.
La palabra clave es articulación. El Programa propone la formación de redes de colaboración intersectoriales, integrando academia, industria, gobierno y sociedad civil. Este modelo —inspirado en experiencias como la Red Ecos de la Ciudad de México— busca sumar capacidades, compartir infraestructura y reducir duplicidades. Se trata de impulsar proyectos estratégicos con sentido social: ciencia abierta, innovación en salud, soberanía alimentaria, tecnologías limpias, monitoreo ambiental o desarrollo agroindustrial, entre otros. La gobernanza del conocimiento deja de ser vertical para convertirse en un entramado de cooperación.
Otro aspecto fundamental es el papel de los Centros Públicos de Investigación (CPI). Ahora bajo la coordinación directa de la Subsecretaría de Innovación, los CPI se reconocen como una infraestructura estratégica del Estado, con presencia en 30 entidades federativas y más de 800 laboratorios en operación. Su reorientación hacia la transferencia de conocimiento y tecnología es un paso decisivo: significa convertir resultados científicos en soluciones prácticas para la sociedad, la industria y las políticas públicas. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Centros Públicos implica que cada desarrollo, cada patente y cada innovación tenga un propósito claro: mejorar la vida de las personas y reducir la dependencia tecnológica del país.
En este marco, la ciencia no se mide solo por sus publicaciones, sino por su capacidad de incidir en el bienestar colectivo. La nueva política sectorial reconoce que la investigación científica, humanística y tecnológica es una responsabilidad compartida. La colaboración entre universidades, institutos, gobiernos locales, comunidades y empresas debe orientar sus esfuerzos hacia problemas concretos: agua, salud, energía, movilidad, biodiversidad, desigualdad. Cada territorio cuenta, cada conocimiento importa.
La gobernanza del sistema nacional de CHTI que se perfila en este Programa plantea, además, una dimensión ética y humanista. No basta con producir conocimiento: se trata de hacerlo con responsabilidad social, ambiental y territorial. De ahí la insistencia en la inclusión, la igualdad sustantiva y la interculturalidad como principios transversales. Una ciencia abierta, plural y participativa es el camino para democratizar el conocimiento y garantizar que sus beneficios lleguen a todas las personas.
El Programa Sectorial de CHTI 2025–2030 pareciera una invitación a construir un nuevo pacto entre la ciencia y la sociedad. Un pacto donde la investigación se piense desde los territorios, donde la innovación sea una herramienta de equidad y donde los centros públicos —como el CICY y muchos otros— sean nodos activos de transferencia, colaboración y desarrollo regional. En esta visión, la ciencia busca convertirse en una fuerza pública de transformación: una ciencia con sentido, con propósito y hacia la sociedad.
Edición: Fernando Sierra
