Opinión
La Jornada Maya
04/11/2025 | Mérida, Yucatán
La compleja situación de Michoacán, cuyo origen se encuentra en la presencia, actividad y tolerancia que se ha tenido por muchos años hacia diversos grupos del crimen organizado, hay llegado ya al extremo de requerir una solución compleja. Si en diciembre de 2006, Felipe Calderón pretendió “controlar” y “pacificar” esa entidad promoviendo una “guerra contra el narcotráfico”, después de casi dos décadas ha quedado demostrado que la sola presencia de las fuerzas de seguridad es insuficiente para garantizar la tranquilidad del pueblo michoacano.
Podría decirse, igualmente, que la crisis se acrecentó a raíz de los recientes asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán, y de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, ha terminado por estallarle en las manos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La violencia en ese estado es una herencia maldita que se ha ido enredando año tras año, de ahí que resulte reprochable que todavía hasta este martes se haya anunciado que comenzará a delinearse el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”.
Lo positivo es que ese plan deberá estar listo y presentado a más tardar en una semana. En términos de salud, se ha llegado al extremo de dejar que la enfermedad se desarrolle hasta que el paciente requiere de cirugía y hospitalización, con los costos que esto conlleva.
Pero en estos casi 20 años ha quedado de manifiesto que una sola acción resulta insuficiente contra el mal que aqueja al estado de las mariposas monarca. La “guerra” de Calderón se limitó a combatir fuego con fuego, lo que permitió el surgimiento de más células criminales, y le importó muy poco la institucionalidad para procesar a los detenidos, de manera que la gran mayoría salieron libres.
Tampoco han funcionado las autodefensas. Este pueblo en armas resulta carente de legitimidad para ese nivel de violencia, y tampoco se trata de una fuerza adiestrada como para distinguir entre perseguir a la delincuencia y llevar a cabo venganzas personales. El resultado ha sido la normalización de las amenazas, extorsiones y la violencia, que ahora ha aumentado al nivel del asesinato político.
El ofrecimiento de la Presidenta es que el plan estará sustentado en la construcción de la paz, y basado en tres ejes centrales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. Aparte, el anuncio es que se construirá con las aportaciones de todos los sectores del estado: sociales, pueblos originarios, económico y político.
Será una nueva intentona por atender Michoacán por parte de la federación; nuevo médico, nuevo tratamiento, que parte también de otro paradigma: la paz no se construye con fuerza, sino con las personas; un mensaje que parece ir a contracorriente de la práctica mundial, pero también en dirección contraria del clamor de quienes son partidarios de la implantación de un régimen autoritario o creen que la intervención armada de otro país puede conciliarse con el ejercicio de la soberanía nacional.
México se encuentra en deuda con Michoacán, que a pesar de la violencia y extorsiones cotidianas ha sido referente para el campo, particularmente en la exportación de aguacate, que se ha convertido en un vegetal de alta demanda y consumo aspiracional. Si su gente no se ha rendido, requiere de apoyo total para que prevalezca el Estado de Derecho, y por fin haya paz para todos sus habitantes.
Edición: Fernando Sierra
