De nuevo, presupuesto y medio ambiente

Antes de entrar en materia, debo pedir una disculpa por un gazapo que se me escapó en la nota del miércoles pasado: la sentencia de la suprema corte acerca de la controversia constitucional que tuvo lugar alrededor del Parque Nacional Tulum no fue emitida en 2023, como dice la nota, sino el 23 de noviembre de 2022. Hecha esta aclaración, paso a comentar uno de los temas que me ha generado más inquietud recientemente. El martes cinco de noviembre se aprobó en la cámara de diputados el presupuesto de egresos de la federación, tras la discusión de cerca de 2 mil reservas, pero con el respaldo apabullante mayoritario de los congresistas de Morena y sus aliados (PT y PVEM). Los representantes de los partidos minoritarios esgrimieron argumentos variopintos para intentar dejar en claro que el presupuesto presentado tiene, desde sus peculiares perspectivas, varios defectos. Las objeciones más claras giraban alrededor del tamaño de la deuda y las aparentes reducciones en los recursos destinados a la seguridad, la salud y el campo. Algunos legisladores tocaron otros temas, como el deporte y la cultura. Pero muy pocos se dieron cuenta del hecho de que los recursos destinados al medio ambiente, a pesar de que se le asignó un monto no previsto, han disminuido de nuevo, continuando con lo que ya es una tendencia acostumbrada.

Una de dos: o quienes elaboran y los que aprueban el presupuesto consideran que la política ambiental es un asunto suntuario de corte neoliberal, que puede esperar sin consecuencias para el país y la calidad de vida de quienes lo habitamos; o bien, a pesar de que la autoridad ambiental cuenta con un equipo de una capacidad profesional muy considerable, son profetas en el desierto (o en su tierra) y sus voces se pierden en un mar de ignorancia e indiferencia. Quizá más bien sea una mezcla de las dos cosas. Por una parte, el modelo de desarrollo que nos empeñamos a continuar responde a criterios economicistas de corto plazo, y gira alrededor de buscar a toda costa vías para incrementar el producto interno bruto, mejorar la competitividad de las actividades productivas, controlar la inflación y aumentar la confianza de los consumidores y el ingreso de los trabajadores, considerando las bases naturales del desarrollo como meras externalidades a la actividad económica. En este sentido, poco importa lo que suceda con condiciones ambientales que se consideran ajenas al desarrollo. Por otra parte, aunque la narrativa de las ciencias ambientales puede resultar seductora, y apelar a la sensibilidad y al sentido estético de quienes la escuchan superficialmente, no resulta fácil ni inmediato comprender cómo es que la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y el abatimiento de su resiliencia, la erosión de los servicios ambientales, o los efectos del cambio climático global y antropogénico pueden tener consecuencias directas y dolorosas sobre la capacidad de generar bienestar para nuestros connacionales.

Visto lo visto, el diseño de los presupuestos que genera el gobierno federal para sostener sus acciones suele dejar en el mero discurso a la política ambiental. La intención de restaurar los ecosistemas deteriorados es legítima, como lo es también la propuesta de conservar, con Belice y Guatemala, el macizo forestal conocido como selva maya. También hace sentido ofrecer a la comunidad internacional condiciones nacionalmente determinadas para contribuir a evitar que la temperatura global ascienda más de 1.5°C antes de 2030, aproximar al país a una economía cada vez más circular, pugnar por la protección de polinizadores y la agrobiodiversidad nacional evitando la introducción de cultivos transgénicos, o evaluar más escrupulosamente los manifiestos de impacto ambiental de las obras y acciones tanto públicas como privadas. Pero todo queda en losas que pavimentan el camino al infierno, que es lo que hacen las buenas intenciones cuando no hay manera de llevarlas al terreno de lo concreto. Y no se les puede llevar al terreno de lo concreto sin dinero.

Se ha dicho que no es verdad que disminuyan – o que disminuyan tanto – los recursos destinados a la política ambiental, y que basta con revisar los montos destinados a la atención a la emergencia climática. Pero resulta que para considerar que estos recursos aumentan el presupuesto destinado a la política ambiental, necesitamos creer que la construcción de trenes y las obras que los acompañan son parte de una política ambiental coherente; se pretende también que se entienda el programa Sembrando Vida como un esfuerzo que contribuye a la restauración de las selvas; y se espera que asumamos que aumentar los dineros ejercidos por las fuerzas armadas ayudan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Pero los instrumentos de la política ambiental son otros. En mi opinión, al menos, es muy difícil que se logren generar datos convincentes, con base en mediciones robustas y repetibles, que demuestran, por ejemplo, que el tendido de las vías del tren maya, o las vías de comunicaciones trans ístmicas, logren modificar el tránsito de vehículos de tal manera que el carbono que se emitió, o que no se podrá capturar, debido a la deforestación ocasionada por las obras, sea equivalente o significativamente menor que el que dejará de emitirse al disminuir el empleo de combustibles fósiles al optar por el transporte ferroviario.

El análisis que requiere el tema tendría por fuerza que resultar mucho más extenso – y denso – de lo que permiten estos breves párrafos. Pero la idea que quisiera dejar como invitación a la reflexión es que, mientras se siga considerando que los bienes en propiedad común (los recursos naturales y servicios ecosistémicos) se sigan tratando como externalidades a la cosa económica, seguirán resultando impertinentes a la planeación del desarrollo. Los presupuestos destinados al medio ambiente continuarán disminuyendo, y seguiremos erosionando la base indispensable del patrimonio natural de la nación.

Edición: Fernando Sierra