Opinión
La Jornada Maya
07/12/2025 | Mérida, Yucatán
La justicia no siempre responde a lo que la mayoría de la población desea. Vox populi non est vox Dei, y este es un principio republicano: la ley imperante es guardiana de las garantías individuales sancionadas en la Constitución, y de ahí que en el sistema mexicano sea posible recurrir al amparo contra actos de las autoridades; las cuales podrán discurrir que actúan en nombre del pueblo, pero esto no debe ser equivalente a que se valide una arbitrariedad cometida en contra de cualquier persona, aunque esta sea el villano en turno.
Lo que quedó de manifiesto es que en la actual conformación del Poder Judicial de la Federación existen personas cuyo principal interés es la defensa de la Constitución y las leyes que de ella dimanan. De otra forma, se tendrían jueces por consigna que justificarían sus decisiones precisamente en el hecho de haber sido elegidos “por el pueblo”, mas no en el estudio jurídico de cada caso que llegara a su conocimiento.
Sin duda, se trata de un revés al gobierno de Campeche, pero que la protección de la justicia federal proteja y ampare a los propietarios nominales de ambos predios, Yolanda Cárdenas Montero y Joan José Salazar Ferrer, madre y socio del ex gobernador, es un indicador de que incluso un opositor sistemático al actual régimen puede recurrir al Poder Judicial, a pesar de haber manifestado desconfianza por los actuales jueces, que llegaron al cargo a raíz de la reforma al mismo, que obligó a que estos cargos fueran por elección popular.
El tema no es menor. Por supuesto, habrá quien sostenga que una golondrina no hace verano, pero el asunto judicial tiene varias lecturas. En principio, está la voluntad del actual gobierno de Campeche de reclamar para sí las propiedades sobre las cuales existe la sospecha de origen poco claro, que se encuentren vinculadas a sus adversarios, y en este caso, claramente con su antecesor. La justificación es la utilidad pública, con el establecimiento de una universidad que promueve el gobierno federal. El efecto político es el desgaste del adversario y la legitimación de las personalidades que hoy encabezan el Ejecutivo estatal. La decisión de un juzgado federal es también un mensaje: el fin no puede justificar los medios, y en este caso, el bien común no puede tener como origen una arbitrariedad contra cualquier persona, especialmente un rival.
Y en última instancia, existe otro mensaje subyacente: la justicia es para el pueblo, y éste lo conforman incluso aquellos que son opositores al régimen de la Cuarta Transformación, por el solo hecho de ser ciudadanos mexicanos. Dura lex, sed lex, reza otra máxima. Podrá no gustarnos, pero hay principios que debe seguir toda persona que se desempeñe como impartidor de justicia, y el principal es la inviolabilidad de las garantías individuales.
Por lo pronto, el gobierno de Campeche ha anunciado que la nueva universidad se instalará en Seybaplaya, debido a la disponibilidad de tierras y el desarrollo proyectado en la zona. Lo que está claro también es que el combate a la corrupción tampoco puede darse con meras afirmaciones o pretendiendo dar golpes mediante el Poder Judicial; por el contrario, habrá que cumplir también con el principio de carga de la prueba, la cual recae en quien acusa, y esto quiere decir que la demostración de ilícitos le corresponde a quien hace los señalamientos.
Edición: Fernando Sierra
