Opinión
La Jornada Maya
09/12/2025 | Mérida, Yucatán
Una de las principales funciones del Estado, y de hecho es aquella mediante la cual justifica su legitimidad, es garantizar la seguridad de los gobernados, y para esto se destinan recursos económicos y humanos que deben ser los suficientes como para hacer frente a cualquier amenaza ya sea a la integridad del territorio o contra la tranquilidad de las personas.
En el norte, específicamente en Chihuahua, ha sido detenido el ex gobernador César Duarte, en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos relacionados con lavado de dinero. Duarte ya había pasado una temporada tras las rejas, por delitos del orden común, mientras que ahora se le sigue una causa por delitos federales. Aparte, es conocida su actividad como acaparador de agua en un rancho de su propiedad, que ahora se pretende revertir.
En el occidente se abrió otro frente, con el auto bomba que se hizo estallar el sábado 6 frente al cuartel de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, vehículo que partió de Colima; donde ahora fue atacado a balazos el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.
Ahora bien, la dimensión de la amenaza no se obtiene en un solo día, o con la mera enumeración de hechos que muchas veces se quedan, para el público, en una nota del día que a lo mucho pasó a ser la referencia de lo que ocurre en tal o cual lugar. Tienen que conocerse también los resultados y de preferencia contar con información periódica y sintetizada.
Hoy sabemos que, en el último año, se detuvo a más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, y además se decomisaron 20 mil 169 armas de fuego y se desmantelaron mil 760 laboratorios clandestinos. Esto no son sólo números: es una muestra de la capacidad económica de la delincuencia organizada.
La respuesta ha tenido que ser un despliegue de los cuerpos de seguridad: desde el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, hasta policías estatales y municipales. La operación, a diferencia de las declaraciones de guerra que buscaron superar a los cárteles solamente en poder de fuego, ha sido calculada y los golpes se han dirigido también a la estructura financiera de los cárteles.
Resulta sumamente difícil pronosticar cuándo habrá paz y tranquilidad en las regiones como Michoacán, pero la tarea de devolverla es irrenunciable, al menos hasta que los productores de aguacate y limón puedan sembrar, cosechar y comercializar sin ser víctimas de extorsión en ningún punto del ciclo productivo. Al desafío, la respuesta correcta es el cumplimiento del deber.
Edición: Fernando Sierra
