Opinión
La Jornada Maya
18/02/2026 | Mérida, Yucatán
Para el trabajador común, llegar al momento de la jubilación puede resultar un reto adicional porque se encuentra ante la disyuntiva de dejar de laborar porque se ha cumplido con el tiempo requerido por la Ley Federal del Trabajo en cuanto a semanas cotizadas, o bien mantenerse porque la suma a recibir en el porvenir no es suficiente para garantizar estabilidad económica; especialmente si ya se ha adquirido una enfermedad crónica o aún se tienen compromisos por saldar.
Para quienes han ahorrado a través de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), la pensión tiene fecha de vencimiento, pues la cantidad reunida se agota en un número determinado de años. Así, hay quienes continúan en sus puestos porque obtienen un “extra” a través de prestaciones; ya sea vales de despensa, ya sea algún estímulo, que desaparecen con el retiro.
Sin embargo, en el sector público, hay quienes no tienen esas preocupaciones. Esto porque han pertenecido a una clase privilegiada de empleados de confianza cuyas remuneraciones no solamente son altas a comparación de los trabajadores de base y eventuales, sino que también gozan legalmente de otras canonjías, como la pensión con el sueldo íntegro por tiempo indefinido, a veces con unas cuantas semanas en el cargo.
A este respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el próximo envío al Senado de una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional, para limitar estas pensiones al 50 por ciento de lo que ella recibe como titular del Ejecutivo Federal.
Habrá para quien esta iniciativa le resulte un acto de venganza, porque en esencia es darle efecto retroactivo a la legislación. Por otra parte, la misma acción puede verse como la corrección de un abuso legalizado, o de la eliminación en la práctica de la ley del embudo.
En su anuncio, la Presidenta indicó que no puede moverse “lo que ganaron antes”, lo que debe entenderse como que no se exigirá la devolución de los recursos entregados. De alguna manera esto mantiene el equilibrio: el recorte se hará a partir de que la reforma entre en vigor. Esto implicará limitar las jubilaciones doradas a unos 65 mil pesos netos mensuales, suma nada despreciable para cualquier mexicano. Para quienes han llegado a recibir por concepto de pensión montos de cientos de miles y hasta de un millón de pesos al mes, sí será un golpe fuerte.
El impacto está dirigido contra la burocracia dorada que gozó de enormes sueldos y pensiones entregadas al dejar el encargo, aunque se desempeñaran en otro puesto después. Estamos hablando de quienes desempeñaron cargos directivos en organismos descentralizados, empresas paraestatales, fideicomisos públicos y la banca de desarrollo, en ningún momento debe afectarse a quienes se desempeñan de acuerdo a los contratos ley o condiciones generales de trabajo.
Llama la atención que, disminuyendo las pensiones de poco más de 12 mil personas, se vayan a recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos. Ese es el tamaño del privilegio que, aclaremos, no es solamente el sueldo exorbitante sino las condiciones legales que permitieron a algunos mantener ese ingreso incluso con menos de un año de desempeño.
Por otra parte, que el dinero recuperado vaya a destinarse a programas del Bienestar parece ya una solución fácil. Mejorar las condiciones en que se desempeñan miles de servidores públicos que también son representantes del gobierno ante la ciudadanía es también una buena opción, y nada desmerecedora.
Edición: Fernando Sierra
