Opinión
La Jornada Maya
24/05/2026 | Mérida, Yucatán
Ambos funcionarios fueron citados a “rendir entrevista”, todavía no como indiciados. Sin embargo, el mandatario con licencia de Sinaloa es señalado por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, y sobre él pesa también una solicitud de detención con fines de extradición, junto con otros nueve funcionarios entre los cuales se encuentra el todavía senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza, cuya ausencia en la Cámara alta ha sido notoria en las últimas semanas y también fue citado por la FGR. El legislador ya ha señalado que atenderá “personal y puntualmente” el citatorio, sin valerse de la inmunidad procesal que le garantiza la Constitución.
De alguna manera, la Fiscalía cometió una torpeza en cuanto a su comunicación, pues dejó espacio para la especulación. A pesar de que existió la operación para que tanto la gobernadora de Chihuahua, de extracción panista, como los medios vinculados a la oposición, clamaran que no se había “tocado” a Rocha Moya. Esto, por unos momentos, fue suficiente para alegar una supuesta persecución contra Campos y que ésta insistiera en que su “crimen” es haber desmantelado un narcolaboratorio; cuando en realidad se le señala por delitos contra la seguridad nacional por la participación de agentes extranjeros (de la CIA) en un operativo antinarcóticos efectuado en suelo nacional.
Por un lado, Maru Campos tiene motivos para alegar trato desigual: Ella debe presentarse ante la FGR este miércoles 27 de mayo. La Fiscalía ya indicó que se le llama como testigo, pero ella se encuentra en funciones, mientras que Rocha Moya se separó del cargo mediante licencia. Esto quiere decir que el procedimiento habría sido más ágil con el mandatario sinaloense, quien en este momento no tiene fuero, que con la chihuahuense, quien cuenta con protección constitucional. Sin embargo, la diligencia a la que debe presentarse el morenista todavía no está programada.
La oportunidad que se dejó pasar fue marcar la agenda. La FGR, al repartir citatorios, pudo haber adelantado a quiénes se les dirigían. En lugar de ello, se mantuvo la apariencia de que un caso más complejo, como es el de Rocha Moya debido a la solicitud de extradición, quedara señalado como un intento de asegurar impunidad al gobernador sinaloense con licencia.
Tuvo que ser Rocha Moya quien marcara una diferencia, precisamente al referir que se atenderá el citatorio y expresando su confianza en la autoridad. Le tocará a la Fiscalía una nueva oportunidad de actuar como la encargada de investigar a fondo y presentar un caso sólido en el caso del gabinete sinaloense, y esto deberá hacerlo mientras fortalece su credibilidad, pues
el hecho de que dos ex colaboradores de Rocha Moya se hayan entregado a los Estados Unidos no puede ser ignorado y es síntoma de que algo está muy descompuesto en esa entidad.
Edición: Fernando Sierra
